21 Octubre de 2025 17:01
En un contexto de ajuste y deterioro sostenido de los servicios públicos, el Gobierno sumará un nuevo compromiso financiero con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El organismo aprobó un préstamo de 500 millones de dólares destinado al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP, más conocido como PAMI), con el objetivo de "optimizar la atención sanitaria" de los afiliados. Según el comunicado oficial, la operación se enmarca dentro de un Préstamo Basado en Resultados (PBR), un mecanismo de financiamiento que condiciona los desembolsos a la obtención de determinadas metas o "indicadores de desempeño".

El crédito se pagará a 25 años, con un período de gracia de 5 años y medio y una tasa de interés atada a la SOFR (la referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos). Desde el BID explicaron que los fondos se orientarán a mejorar la atención de enfermedades crónicas, ampliar el acceso a tratamientos oncológicos y reforzar los servicios de cuidado para personas con dependencia funcional, además de promover "el uso sistemático de información institucional para la gestión pública".
El programa también apunta, según el organismo, a reducir los tiempos de espera para cirugías oncológicas y ampliar la cobertura integral para patologías como hipertensión, diabetes y enfermedad renal. En base a proyecciones oficiales, el plan podría alcanzar a 5,4 millones de afiliados. Sin embargo, detrás del tono tecnocrático y optimista del anuncio, el préstamo implica un nuevo capítulo en el endeudamiento externo del país.

El crédito forma parte de un paquete mayor de 10.000 millones de dólares que el BID destinará a la Argentina entre 2025 y 2028, de los cuales 7.000 millones irán al sector público y 3.000 millones se dirigirán a promover la inversión privada a través de BID Invest. Mientras el Gobierno celebra la asistencia financiera, persisten dudas sobre el verdadero alcance del programa. En los últimos meses, el PAMI fue escenario de recortes en prestaciones, demoras en pagos a prestadores y caída en la cobertura de medicamentos, un cuadro que causó un fuerte malestar entre los jubilados y trabajadores del sector.

El nuevo préstamo del BID, más que una política sanitaria, aparece así como una estrategia de financiamiento condicionada, que refuerza la dependencia del país respecto de organismos multilaterales y vincula la política social al cumplimiento de metas impuestas desde el exterior.

