Capítulo pendiente
26 Febrero de 2026 14:02
A más de seis meses de la condena de Claudio Contardi, ex esposo de Julieta Prandi, a 19 años de prisión por violación y daño psicológico, la modelo utilizó sus redes sociales para reclamar que la obligación alimentaria de sus hijos siga sin ser cumplida pese a estar fijada judicialmente desde hace casi cuatro años.
En un mensaje en su cuenta de X, dirigido al Juzgado N.º 2 de San Isidro, la mediática escribió: "Hoy me desperté con ganas de charlar con el Juzgado Numero 2 de San Isidro. ¿Sería mucha molestia que, después de reclamar alimentos durante cuatro años, finalmente tomen las medidas correspondientes para que mis hijos reciban su cuota? Vengo haciéndome cargo de todo desde siempre".
La actriz añadió con ironía y frustración: "Muchas gracias señora jueza. Usted entenderá que no es justo que una madre sostenga todo de por vida". Según detalló en su publicación, el expediente por alimentos se inició el 29 de marzo de 2022 y pese al paso de los años y la condena penal contra el progenitor por delitos graves, el pago de la cuota alimentaria sigue pendiente.
La causa penal contra Contardi por abuso sexual contra Prandi se inició tras una denuncia efectuada en 2021 y terminó con una condena en agosto de 2025. El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate‑Campana lo encontró culpable de "abuso sexual con acceso carnal agravado" y perjuicio psicológico, por hechos ocurridos entre 2015 y 2018 mientras estaban en pareja, y ordenó su detención y prisión.
A pesar de que esa causa penal concluyó con una sentencia firme, la deuda alimentaria que Prandi reclama corresponde a otro proceso civil, iniciado años antes en el fuero de familia de San Isidro, donde se fijó legalmente la obligación de Contardi de aportar alimentos a sus hijos.
El caso de Julieta Prandi pone en evidencia lo que muchas familias viven en el país: el retraso o falta de ejecución efectiva de sentencias de alimentos, incluso frente a decisiones firmes del Poder Judicial. Existen casos judiciales, medidas alternativas y recursos (como embargos o anotación en registros de deudores) que pueden aplicarse para forzar el cumplimiento, pero su implementación no siempre es inmediata ni suficiente.
