Alineamiento jurídico externo
09 Febrero de 2026 09:03
El texto oficial del acuerdo comercial entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump dejó al descubierto algo más que un entendimiento bilateral: exhibe un marcado desequilibrio en las condiciones y, sobre todo, en quién define las prioridades. Mientras Argentina logró menos de veinte concesiones, Estados Unidos consiguió que el país asuma más de cien compromisos, muchos de ellos ligados a la protección de la propiedad intelectual y al combate de prácticas extendidas en la vida cotidiana local.
Entre los puntos más sensibles aparece uno que, traducido a la práctica, apunta directo al modo en que millones de argentinos acceden al entretenimiento: el acuerdo obliga al Estado a perseguir judicialmente a plataformas de streaming informal como Fútbol Libre, Magis TV, Xuper TV o sitios similares que retransmiten fútbol y contenidos audiovisuales sin licencia. El documento establece que Argentina deberá "establecer sistemas eficaces para la aplicación de los derechos de propiedad intelectual" en el ámbito civil, penal y fronterizo, con capacidad de "combatir y disuadir la infracción incluso en el entorno digital".
No se trata de una recomendación: es una obligación firmada en un tratado internacional. La letra chica va todavía más lejos. El país se compromete a investigar y presentar procesos penales contra operadores de páginas web que participen en piratería a escala comercial. En la práctica, esto implica criminalizar de forma sistemática a quienes administren portales de transmisión gratuita de partidos de fútbol, uno de los fenómenos más masivos del consumo cultural argentino. El antecedente inmediato ya existe: bloqueos judiciales de sitios, eliminación de aplicaciones de tiendas digitales y detenciones de administradores de páginas.
Pero el acuerdo transforma esos episodios en política de Estado permanente. El alcance tampoco se limita al mundo digital. El pacto obliga a aumentar allanamientos y decomisos en ferias informales -las conocidas "saladitas"- donde se venden productos de marcas falsificadas. Es decir, la agenda comercial externa pasa a intervenir directamente en economías populares y circuitos laborales precarizados que funcionan como subsistencia para miles de personas. El Gobierno deberá además implementar plenamente el Convenio de Berna, tratado internacional históricamente utilizado por grandes conglomerados audiovisuales para exigir bloqueos de contenidos.
Con ese respaldo jurídico, el cierre definitivo de sitios de transmisión gratuita de fútbol aparece como un horizonte concreto para 2026. El trasfondo es político y económico. Estados Unidos protege los intereses de sus industrias culturales y tecnológicas, mientras Argentina asume el costo social de aplicarlos. El acuerdo alinea la legislación local con estándares internacionales pensados para mercados con ingresos muy superiores y niveles de acceso pagos generalizados. El resultado previsible es un cambio brusco en hábitos arraigados: ver fútbol sin abono, comprar ropa accesible en ferias o consumir contenido audiovisual fuera de plataformas premium.
