por Alejo Paredes
06 Febrero de 2026 08:32
El Gobierno de Javier Milei firmó en Washington el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos y lo presentó como un paso decisivo hacia la "integración al mundo". Sin embargo, detrás del entusiasmo oficial, el contenido del documento deja al descubierto un esquema de concesiones inmediatas por parte de Argentina frente a beneficios parciales, diferidos o inciertos otorgados por la administración de Donald Trump.
El canciller Pablo Quirno rubricó el tratado junto al representante comercial estadounidense Jamieson Greer. Según la Casa Rosada, el pacto permitirá recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares y ampliar la cuota de carne bovina hasta 100.000 toneladas con arancel cero. El Gobierno lo define como un logro histórico; sus críticos, como una apertura unilateral disfrazada de alianza estratégica.
El acuerdo elimina aranceles de Estados Unidos para 1.675 productos argentinos, pero la letra chica muestra un desequilibrio: Argentina eliminará gravámenes a 221 posiciones arancelarias -máquinas, transporte, dispositivos médicos y químicos-, reducirá al 2% otros 20 rubros (principalmente autopartes) y otorgará cuotas para vehículos y productos agrícolas norteamericanos. Es decir, apertura inmediata en sectores industriales sensibles a cambio de beneficios concentrados en exportaciones primarias.
Incluso uno de los reclamos más urgentes del país -los aranceles al acero y al aluminio que EE.UU. mantiene entre el 25% y 50%- ni siquiera fue resuelto. El texto apenas establece que Washington "revisará oportunamente" la medida. La principal barrera comercial para la industria pesada argentina, por lo tanto, continúa vigente. La lógica se repite en el capítulo de inversiones.
Argentina se compromete a facilitar la participación estadounidense en la exploración, extracción y exportación de minerales críticos y energía, otorgándoles condiciones "no menos favorables" que a los inversores locales y priorizando a EE.UU. como socio en cobre y litio mediante el RIGI. A cambio, Estados Unidos promete financiamiento a través de organismos como EXIM Bank o DFC: crédito eventual frente a acceso garantizado a recursos estratégicos.
En términos geopolíticos, el acuerdo también incluye cláusulas alineadas con la agenda de Washington, como restricciones a productos vinculados al trabajo forzado —interpretadas como un mecanismo indirecto para limitar importaciones chinas— y estándares de propiedad intelectual reforzados, históricamente exigidos por EE.UU. en sus tratados comerciales.
El propio representante comercial estadounidense celebró el pacto como modelo continental y destacó que brindará "acceso significativo" al mercado argentino para exportadores norteamericanos, desde vehículos hasta productos agrícolas. La afirmación refuerza la percepción de reciprocidad asimétrica: Estados Unidos obtiene apertura industrial y tecnológica en Argentina mientras conserva herramientas proteccionistas clave.
La firma ratifica la sintonía política entre Milei y Trump y convierte al país en el primero de Sudamérica en adoptar un esquema de este tipo. Pero también abre interrogantes sobre la estructura productiva local: el acuerdo privilegia exportaciones primarias -carne, minerales, energía- mientras expone a la industria a una competencia directa con la principal economía del mundo. El Gobierno enviará el tratado al Congreso y pidió a los legisladores "estar a la altura". Allí se dará la discusión de fondo: si se trata de una inserción inteligente en el comercio internacional o de una liberalización acelerada con costos industriales, tecnológicos y de soberanía económica difíciles de revertir.
