Colapso sanitario: el Gobierno partió IOSFA, la obra social militar tras una deuda millonaria

El Gobierno nacional oficializó la reestructuración total del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), una decisión presentada como solución administrativa pero que, en los hechos, funciona como reconocimiento formal de un sistema sanitario quebrado. La medida divide el organismo en dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). El diagnóstico que acompaña al decreto es contundente: un pasivo cercano a los 200.000 millones de pesos y más de 500.000 beneficiarios atrapados en un esquema incapaz de garantizar prestaciones básicas. Durante meses, afiliados denunciaron interrupciones en tratamientos, falta de turnos y clínicas que dejaron de atender por deudas acumuladas.

En Punta Alta, uno de los casos más críticos, la crisis dejó de ser administrativa para volverse social: cerca de 42.000 personas -más de la mitad de la población- dependen de la cobertura y enfrentaron cortes prolongados en la atención médica. La decisión oficial apunta a separar definitivamente la cobertura de militares y fuerzas de seguridad. La OSFA quedará bajo el Ministerio de Defensa y cubrirá al personal militar activo, retirados y sus familias, mientras que la OSFFESEG dependerá del Ministerio de Seguridad y atenderá a Gendarmería y Prefectura. El Gobierno sostiene que la fragmentación permitirá gestión más eficiente y especializada. 

Sin embargo, la medida también implica admitir que el modelo unificado fracasó. La propia norma fija un esquema rígido de uso de recursos: 80% obligatorio para prestaciones médicas, hasta 8% para gastos administrativos y un eventual 12% para otras prestaciones solo si la atención sanitaria está garantizada. La inclusión de ese "blindaje" financiero evidencia el problema de fondo: el dinero destinado a salud no estaba llegando a salud. El Ejecutivo atribuye la crisis a irregularidades de gestiones anteriores y a un desequilibrio estructural histórico. Pero la magnitud del pasivo y el deterioro de prestaciones revelaron algo más profundo.

Sin ir más lejos, la obra social funcionó durante años acumulando deuda sin un financiamiento sostenible, mientras los afiliados sostenían aportes obligatorios. El resultado fue un sistema que siguió existiendo en los papeles aun cuando dejó de prestar servicios de manera regular. La creación de nuevas entidades no cancela esa realidad: los pasivos deberán transferirse, las prestaciones normalizarse y la confianza reconstruirse en un contexto de ajuste fiscal generalizado. Para garantizar la transición, una comisión integrada por Defensa, Seguridad, Economía y Salud supervisará el traspaso de personal, activos y tratamientos en curso. 

El objetivo declarado es evitar la interrupción del Programa Médico Obligatorio. Pero el punto de partida es delicado: la reorganización no surge de una reforma planificada sino de la necesidad de evitar el colapso inmediato del sistema. El Gobierno presenta la medida como modernización institucional. En la práctica, es la consecuencia de una obra social que ya había dejado de funcionar para miles de afiliados.