14 Septiembre de 2017 18:01
Una jueza porteña suspendió hoy mediante una medida cautelar la aplicación del instructivo del gobierno de la Ciudad para casos de alumnos que tomen establecimientos por reclamos relativos a la política educativa o problemas edilicios, entre otros.
La medida fue dispuesta por la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires Elena Liberatori, quien ordenó al gobierno porteño "dejar sin efecto los procedimientos administrativos y penales, sancionatorios y disciplinarios que se deriven de la aplicación del instructivo suspendido, tanto en relación a alumnos como docentes".
La medida fue tomada luego de que la asesora tutelar primera instancia Mabel López Oliva, y el asesor tutelar de cámara Gustavo Daniel Moreno, promovieron "acción de amparo contra el G.C.B.A. (Ministerio de Educación) a fin de que se ordene el cese de la aplicación del instructivo que dispone que las autoridades escolares deben denunciar penalmente las tomas de los establecimientos educativos".
La jueza ordenó al gobierno de Rodríguez Larreta cesar con la medida.
Varios colegios secundarios de la Capital Federal permanecen tomados por los estudiantes en rechazo ante la aplicación de la reforma para la educación media impulsada por el gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
Según dispuso la magistrada, la medida cautelar debe ser de efecto "inmediato" y convocó para mañana a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, a una audiencia en la que debe ir personalmente, es decir, no puede enviar a un funcionario de su cartera.
De todos modos, se trata de una medida provisoria que no resuelve el fondo del asunto, es decir la legalidad o no del protocolo, lo que será discutido en una instancia que se abrirá judicialmente mañana a las 12.30 en la sede del tribunal, ubicado en Avenida de Mayo al 600.
La jueza Liberatori ordenó suspender la medida.
En esa instancia deberán comparecer personalmente, según dispuso la jueza, la ministra de Educación local y los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno, quienes impulsaron la acción judicial.
La jueza Liberatori suspendió la aplicación de un documento cuya existencia misma y alcances no tienen límites precisos y en lo esencial establece que los colegios, ante una situación de toma, deberán notificar a los padres de los alumnos e "inmediatamente" presentar una denuncia penal.
"Mediante la presentación efectuada (por los asesores tutelares) se denuncia que, ante nuevo conflicto con los estudiantes en virtud de la implementación del programa 'La secundaria del futuro' se ha hecho circular a las casillas de correos electrónicos de los directivos de las escuelas el instructivo dejado sin efecto en 2013", consignó Liberatori, al explicar la suspensión de la medida.
