La ley se cumple, pero el Estado no
por Alejo Paredes
26 Marzo de 2026 11:47
La escena se repite con una crudeza que ya no admite metáforas: pasillos que dependen de la vocación más que del presupuesto, tratamientos interrumpidos por falta de medicación y trabajadores que sostienen lo insostenible. En el Cottolengo Don Orione de Claypole, la crisis dejó de ser una advertencia para convertirse en un límite. Uno que, según denuncian desde adentro en diálogo con BigBang, está a punto de romperse.
Las palabras de quienes conocen el funcionamiento cotidiano del hogar no dejan margen para interpretaciones edulcoradas. "La precarización es grave. Al no actualizar los aranceles por casi dos años de lo que se cobra por el servicio, dañó gravemente los mismos. Si hay desicion política de resolverlo se puede hacer", explicó Fernando Montero, coordinador técnico de la institución. No es solo una descripción, es una acusación directa a un sistema que, mientras exige cumplir, deja de financiar.
El Cottolengo forma parte del entramado de prestaciones que establece la Ley 24.901 para personas con discapacidad. Es decir, no se trata de un servicio opcional ni periférico: es un pilar del sistema. Sin embargo, ese mismo sistema hoy lo empuja al borde del colapso. "No hay margen de maniobra. Si se corta o se atrasan un mes más los pagos, no hay manera de pagar sueldos y costos fijos", advirtió Montero al ser consultado sobre en qué punto está hoy la institución.
La frase, sin dar muchas más vueltas, exhibe el corazón del problema: no se trata de eficiencia ni de gestión, sino de supervivencia. El deterioro no ocurrió de un día para el otro. Fue, como lo definió el propio coordinador, un proceso acumulativo y previsible: "El cóctel para la situacion de crisis fue congelar aranceles en contexto inflacionario. Y a eso se le suma la no entrega de insumos, medicación y dietoterápicos desde noviembre".
De acuerdo con Montero, se trata de una combinación que, en cualquier estructura, sería letal; en una institución que alberga a personas con discapacidad, resulta directamente inhumana. Mientras el hogar sostiene sus obligaciones legales, el financiamiento se diluye. "Estamos cumpliendo con la ley 24901. Es una obligación. Damos el servicio que tenemos que prestar. Lo q pasa es que lo están desfinanciando cada vez más", advirtió.
Y agregó: "Y si no te dan los números tenés que cerrar, cómo lo hicieron muchas instituciones privadas". Detrás de esa afirmación hay un fenómeno más amplio: el cierre progresivo de centros de atención que no logran sostenerse ante la falta de recursos. El sistema no solo se debilita, se achica. Y mientras tanto, la crisis se traduce en hechos concretos: medicamentos que no llegan, tratamientos que se interrumpen y residentes cuya salud queda expuesta.
Desde noviembre, denuncian, el programa Incluir Salud dejó de proveer insumos esenciales. La consecuencia se traduce en un serio riesgo directo para la vida. Incluso cuando interviene la Justicia, el circuito parece trabarse. "La justicia ordenó a la secretaria de salud por medida cautelar que nos entregue la medicación. Cómo no cumplieron, se ejecutó un embargo. En vez de acatar lo que dictaminó la Justicia, apelaron", detalló.
En ese sentido, Montero afirmó que "actualmente esto está durmiendo en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata sin resolucion". El dato es demoledor: ni siquiera una orden judicial logra garantizar lo básico. En ese limbo administrativo, los días pasan y los tratamientos no esperan. La crisis no se mide solo en balances. Se mide en platos de comida, en salarios que no llegan y en terapias que se suspenden. Se mide en la incertidumbre de 360 trabajadores y en la angustia de familias que dependen de ese espacio para el cuidado de sus seres queridos.
A través de un comunicado, destacaron: "La situación a la que nos están llevando pone en peligro los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, que son justamente quienes más apoyo necesitan. A esta situación económica se suma una situación sanitaria de extrema gravedad: desde el mes de noviembre Incluir Salud (ex PROFE que depende del Ministerio de Salud de la Nación) no está entregando medicación esencial destinada a los residentes. La interrupción en la provisión de los medicamentos compromete tratamientos indispensables y representa un riesgo concreto para la salud y la vida de las personas que viven en la institución".
Finalmente, el Cottolengo Don Orione solicitó "de manera urgente a las autoridades competentes la adopción de medidas inmediatas que permitan garantizar la provisión de medicamentos, la regularización de pagos, el cumplimiento real de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la continuidad de las prestaciones". En las calles de Claypole, las consignas y advertencias se multiplican: "Sin pagos no hay servicios", "La discapacidad no puede esperar". Porque si el Cottolengo cae, no hay reemplazo inmediato. No hay red alternativa que absorba esa demanda. Lo que queda es el vacío. Lo que sucede en el Cottolengo Don Orione ocurre con otros organismos y establecimientos. Es el síntoma de un sistema que cruje. Un sistema donde las obligaciones siguen vigentes, pero el respaldo desaparece. Donde se exige cumplir la ley, pero no se garantizan las condiciones para hacerlo. Y en ese desfasaje, los más vulnerables vuelven a quedar en el centro del impacto.
