Busca cerrar acuerdos
29 Abril de 2026 08:35
El Gobierno de Javier Milei volvió a profundizar su estrategia de ajuste monetario extremo: absorber pesos del mercado, ofrecer tasas cada vez más elevadas para sostener el financiamiento y endeudarse en dólares para reforzar las cuentas públicas en medio de una creciente fragilidad financiera. El Ministerio de Economía anunció los resultados de la segunda licitación del mes, en la que buscaba renovar vencimientos por $8 billones.
La Secretaría de Finanzas consiguió un rollover del 102,15%, adjudicando $8,11 billones sobre un total de $9,19 billones ofertados. El dato fue celebrado por el equipo económico porque permitió retirar aún más pesos de circulación, uno de los pilares de la política libertaria. La lógica oficial quedó explicitada en la obsesión del presidente Javier Milei de "sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse el índice de inflación". Detrás de esa definición aparece una estrategia que, mientras seca la plaza financiera y restringe la liquidez, sigue elevando el costo del financiamiento y presionando sobre la actividad económica.
El equipo económico que conduce Federico Furiase no solo absorbió más pesos de los que necesitaba para cubrir los vencimientos inmediatos, sino que además volvió a recurrir al endeudamiento en dólares. A través de los bonos AO27 y AO28, el Tesoro consiguió captar US$700 millones que irán directamente a reforzar las arcas oficiales en momentos en que el Gobierno necesita divisas para afrontar compromisos externos.
En el AO27, Economía recibió ofertas por US$373 millones y tomó US$350 millones a una tasa del 5,2%. En el AO28, en cambio, debió pagar mucho más caro: consiguió otros US$350 millones, pero convalidando una tasa del 8,8%, un rendimiento elevado que expone la desconfianza del mercado sobre la sostenibilidad financiera de mediano plazo. La administración libertaria ya había ampliado la emisión prevista de estos títulos luego de detectar fuerte demanda en la licitación anterior. El objetivo es claro: hacerse rápidamente de dólares para enfrentar vencimientos que hacia mitad de año rondarán los US$4.300 millones.
Incluso mañana habrá una segunda vuelta de la subasta por otros US$100 millones en cada bono, lo que podría elevar la captación total hasta US$900 millones. Mientras tanto, el Tesoro continúa ofreciendo instrumentos con tasas cada vez más altas para garantizar que los pesos no vuelvan a circular. El instrumento estrella de la jornada fue una Lecap con vencimiento en junio de 2026 que concentró casi el 60% de toda la adjudicación. "Lo más destacado de la jornada fue la señal de tasas en el tramo corto y la diversificación de instrumentos. La nueva Lecap a junio de 2026 capturó casi el 60% de la adjudicación total, con una tasa de corte del 2,10% TEM. Este nivel se ubicó ligeramente por encima de las proyecciones previas del mercado, lo que refleja una convalidación necesaria por parte del Tesoro para asegurar una absorción de liquidez en un instrumento que ya se perfila como la nueva referencia de tasa fija para el mercado institucional", señaló Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE, a NA.
De esta manera, mientras Milei insiste con el relato del equilibrio y la supuesta "desaparición" de la emisión monetaria, el Estado continúa dependiendo de tasas cada vez más elevadas y de nueva deuda para sostener la estabilidad financiera de corto plazo. Pero el frente financiero no es el único problema que enfrenta el oficialismo. En paralelo a la toma de deuda y la absorción monetaria, La Libertad Avanza buscará avanzar este miércoles en el Senado con un proyecto de ley para autorizar el pago de US$171 millones a fondos buitre que mantienen litigios contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos.
El plenario conjunto de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda tratará el expediente enviado por el Poder Ejecutivo, que busca cerrar acuerdos con Bainbridge Ltd. y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Se trata de acreedores que iniciaron demandas tras el default de 2001 y que no ingresaron al acuerdo alcanzado durante el gobierno de Mauricio Macri con la mayoría de los holdouts. El Gobierno argumenta que necesita la aprobación urgente del Congreso porque el plazo límite para concretar los acuerdos vence el 30 de abril.
Según el texto oficial, si no se autoriza el pago "la falta de aprobación parlamentaria luego de dicho plazo provocaría la resolución automática de las transacciones, obligando a la Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas". La Casa Rosada sostiene además que el acuerdo permitirá poner fin a múltiples causas judiciales y desactivar potenciales embargos sobre activos argentinos en el exterior. Como parte del entendimiento, el Estado argentino pagará US$67 millones a Bainbridge Ltd. y otros US$104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
El oficialismo asegura que la negociación implica "una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes" y evita intereses más altos bajo legislación neoyorquina. Sin embargo, el avance del proyecto vuelve a reabrir cuestionamientos sobre la política financiera del Gobierno. Mientras Milei construyó buena parte de su discurso político atacando el endeudamiento y prometiendo terminar con los privilegios del sistema financiero internacional, su administración no solo volvió a tomar deuda en dólares a tasas elevadas, sino que además acelera pagos millonarios a fondos especulativos en medio de un brutal ajuste sobre jubilaciones, salarios, universidades, salud y programas sociales. Es decir, auste feroz para la sociedad, pero urgencia absoluta para cumplir con Wall Street y los acreedores externos.
