Nadie lo vio venir
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a quedar envuelto en un escándalo. Esta vez, no por una maniobra detrás de escena ni por un documental filmado a escondidas, sino por algo mucho más básico y, justamente por eso, alarmante: la Junta Médica habría analizado estudios que no pertenecían al futbolista, sino a su padre, Don Diego. El descubrimiento se produjo durante la audiencia 35, cuando el nefrólogo Hernán Trimarchi, uno de los 22 profesionales que integraron la Junta Médica, exponía ante el tribunal los fundamentos de sus conclusiones. Entre los estudios utilizados para reconstruir el estado de salud del Diez aparecieron análisis realizados entre 2012 y 2015 que despertaron una pregunta: ¿de cuál de los dos Diego Maradona eran esos resultados?
La sospecha fue detectada por Nicolás D'Albora, abogado de Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, y por su codefensor, Agustín Varela. Durante el cuarto intermedio del miércoles advirtieron que algunas fechas no cerraban. Había estudios de 2015, precisamente cuando Diego Maradona se encontraba en Dubai. La pregunta fue inevitable: ¿cómo podía haberse realizado esos controles médicos en la Argentina si el futbolista estaba fuera del país?
Una búsqueda en Google terminó de encender la alarma. Los abogados encontraron una noticia del 1 de junio de 2015 titulada: "Por la salud de Don Diego, Maradona adelanta su vuelta al país". El padre del futbolista, cuyo nombre también era Diego Maradona aunque sin "Armando" como segundo nombre, moriría ese mismo año. Así apareció la posibilidad de que parte de los estudios incorporados a la causa como pertenecientes al Diez fueran, en realidad, de su padre.
Lo cierto es que la Junta Médica constituye una de las piezas centrales de la acusación de la Fiscalía de San Isidro. Diecisiete de los 22 profesionales que participaron de ese informe sostuvieron que hubo responsabilidad médica en la muerte de Maradona, quien permanecía internado en una casa de Tigre para rehabilitarse de su consumo de alcohol.
Los peritos concluyeron que el fallecimiento podía haberse evitado si los profesionales imputados hubieran prestado atención a sus síntomas y a sus antecedentes clínicos y hubieran aplicado un tratamiento adecuado. Sobre esa base, la Fiscalía acusa a trabajadores de la salud por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Ahora bien, si para elaborar ese diagnóstico se utilizaron estudios pertenecientes a otra persona, la pregunta que atraviesa el debate es inevitable: ¿cuánto de esa conclusión permanece en pie? Según surge de lo expuesto en la audiencia, la confusión podría haberse originado cuando la Fiscalía de San Isidro le solicitó a Swiss Medical la historia clínica, estudios y análisis de laboratorio de Diego Armando Maradona.
La prepaga habría enviado documentación en la que quedaron mezclados los registros médicos del futbolista con los de su padre. El problema es que nadie advirtió la confusión durante años. Ni la Fiscalía. Ni los peritos. Ni los abogados de las partes. Los estudios fueron incorporados al expediente y terminaron siendo utilizados por la Junta Médica para reconstruir el estado de salud del futbolista.
El punto adquiere especial relevancia porque algunos de esos análisis fueron utilizados para sostener que Maradona padecía una enfermedad renal crónica. Cabe destacar que el riñón y el corazón tienen una estrecha relación clínica, por lo que cualquier error en la reconstrucción de los antecedentes médicos puede tener consecuencias sobre la interpretación del cuadro general del paciente.
Ahora, casi seis años después de la muerte de Maradona y cuando el juicio transita su recta final, los jueces deberán determinar cuántos estudios fueron efectivamente confundidos, qué conclusiones de la Junta Médica se apoyaron en ellos y qué impacto real tiene ese error sobre la acusación. El hallazgo provocó preocupación entre las partes y abrió la puerta a nuevos planteos. "Va a haber muchos planteos", aseguró una fuente vinculada al caso.
Las defensas incluso evalúan volver a solicitar la nulidad del proceso. Francisco Oneto, abogado de Leopoldo Luque, fue contundente al describir el escenario: "Es tan inédito y escandaloso que es imposible de saber qué hacer". El temor de los acusados es que el error termine afectando la validez de una de las pruebas fundamentales utilizadas para sostener la acusación. Si se demuestra que la Junta Médica fundamentó conclusiones relevantes sobre la salud de Maradona a partir de análisis de su padre, las defensas podrían intentar cuestionar no solamente esos estudios, sino la confiabilidad de todo el informe.
Y ahí aparece el verdadero peligro para el proceso: que una equivocación administrativa termine convirtiéndose en un problema procesal de dimensiones mucho mayores. No sería la primera vez que el juicio por la muerte de Maradona queda al borde del abismo. El actual debate oral comenzó después de que el primer juicio fuera anulado en 2025 por el escándalo protagonizado por la exjueza Julieta Makintach, quien había filmado un documental sobre el proceso a escondidas de las partes. Cuatro meses después del inicio del nuevo debate, la historia vuelve a repetirse con otro elemento inesperado capaz de poner en crisis el desarrollo del proceso.
Esta vez, el problema afecta directamente a una prueba considerada central: el informe de la Junta Médica. El expediente que busca determinar las responsabilidades por la muerte del Diez vuelve así a enfrentarse con una situación que excede las discusiones habituales entre acusación y defensa. Ya no se trata solamente de interpretar un diagnóstico o discutir una decisión médica: se trata de determinar si los documentos utilizados para reconstruir el estado de salud de la víctima correspondían realmente a la víctima. Desde la Fiscalía, representada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, sostienen que la confusión no tiene una influencia determinante sobre la teoría del caso.
Según su postura, se trataría de pocos estudios y "todos de laboratorio", por lo que el resto de la evidencia permitiría sostener las conclusiones de la acusación. Pero los fiscales también cuestionaron la oportunidad en la que el abogado de Forlini decidió revelar el problema. Incluso deslizaron que el episodio podría dejar al descubierto "más delitos". La defensa, en cambio, sostiene que los acusados tienen derecho a ser juzgados sobre la base de pruebas reales y correctamente identificadas. De esta manera, para la Fiscalía, el error no derrumba la acusación; para las defensas, podría afectar una de sus piezas más importantes.
Lo cierto es que en un juicio penal, una prueba no vale solamente por la contundencia de su conclusión, sino también por la forma en que fue obtenida, incorporada y analizada. El hallazgo también abrió una segunda discusión, todavía más incómoda: ¿por qué nadie lo detectó antes? Si los abogados de Swiss Medical pudieron advertir la inconsistencia al revisar las fechas durante una audiencia, resulta inevitable preguntarse cómo esa misma diferencia no fue detectada por quienes trabajaron durante años sobre la causa.
La sospecha fue incluso planteada en términos más duros durante la audiencia. "Si esta cronista fuera mal pensada", podría suponerse que el dato estuvo siempre allí y que la defensa de Forlini, vinculada a Swiss Medical, conocía la confusión y decidió ponerla sobre la mesa en un momento particularmente conveniente del proceso. La hipótesis sería políticamente explosiva para el juicio: que la revelación del error pueda permitir a las defensas intentar "embarrar" la cancha, cuestionar la Junta Médica y eventualmente pedir la nulidad de una parte sustancial de la prueba.
Sin embargo, el estudio jurídico de Swiss Medical desmintió radicalmente esa acusación informal. La explicación más sencilla sería, entonces, la de un error administrativo que pasó inadvertido durante años. Pero justamente ahí aparece el problema: un error administrativo puede ser pequeño en su origen y enorme en sus consecuencias. La próxima audiencia será clave. Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deberán escuchar los planteos de las partes y determinar qué alcance tiene la confusió, cuántos estudios utilizados por la Junta Médica pertenecen efectivamente a Diego Armando Maradona y cuántos corresponden a Don Diego. A partir de allí habrá que establecer qué conclusiones periciales se apoyaron sobre esos documentos y si el resto de la evidencia permite sostenerlas de manera independiente. La Fiscalía insiste en que su acusación sigue siendo sólida. Las defensas, mientras tanto, ven una oportunidad para cuestionar una prueba fundamental.
