Indignante
20 Mayo de 2025 13:52
El juicio por la muerte de Diego Maradona, que ya de por sí tiene a la opinión pública en vilo, se ve ahora envuelto en un escándalo que podría paralizarlo. A dos meses de su inicio, una denuncia contra la jueza Julieta Makintach, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro, sacudió las audiencias.
La magistrada está siendo investigada por presuntamente autorizar la presencia de una productora audiovisual para realizar un documental del juicio sin el consentimiento de las partes, un hecho que generó indignación y preocupación por la transparencia del proceso.
El fiscal Patricio Ferrari, uno de los encargados de la acusación pública, solicitó este martes la suspensión del juicio por un plazo de 10 días, argumentando que lo sucedido compromete la "gravedad institucional" y el prestigio del Poder Judicial. El pedido se realizó tras las declaraciones del abogado defensor Julio Rivas, quien representa al neurocirujano imputado Leopoldo Luque, y quien insistió en recusar a Mackintach.
"Me veo en la obligación de mantener este pedido de recusación no solo por lo que ya he afirmado, sino porque en esas pruebas surge que la Dra. Mackintach ha autorizado gente para que pusiera una cámara en el primer día de audiencias, cuando el tribunal prohibió el ingreso de cámaras", afirmó Rivas con firmeza durante la audiencia dijo mientras la jueza no levantaba la mirada.
El abogado también enfatizó que su intención no es "revictimizar a los familiares que ya declararon" sino garantizar el respeto por el principio de legalidad y la imparcialidad de los magistrados: "Si me hacen lugar, voy a pedir la validez de todos los actos procesales llevados adelante en estas jornadas", añadió contundentemente.
En la misma línea, el fiscal Ferrari fue tajante: "Señores jueces, no ha escapado a ninguno de nosotros que lo sucedido en la última jornada a todas luces implica gravedad institucional. Muchas veces se habla de la gravedad institucional en sentido abstracto, pero desde la lógica y racionalidad es lo que pasó. ¿Qué podríamos hacer ahora a partir de lo que observamos? ¿Fingir demencia, hacer que no pasó nada?".
Ferrari dejó claro que las primeras pruebas recolectadas en la investigación no son alentadoras y subrayó la necesidad de frenar el proceso para esclarecer los hechos: "Nos parece sumamente prudente el aplazamiento del juicio por un plazo de 10 días para resolver sobre un tema que aparece trayendo aparejada la gravedad institucional", concluyó.
El impacto de estas denuncias también movilizó a los abogados querellantes, quienes representan a las hijas e hijos de Maradona. Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, respaldó la solicitud del fiscal y expresó que no se recupera del "impacto que generó los hechos conocidos en la última audiencia". Félix Linfante, abogado de Jana Maradona, citó al fiscal al afirmar que "no se puede fingir demencia tras lo ocurrido". Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando, y Pablo Jurado, abogado de las hermanas del astro del fútbol, también adhirieron al pedido.
Incluso algunos abogados defensores se sumaron al reclamo: Vadim Mischachunk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov; Diego Olmedo, abogado del psicólogo Carlos Díaz; y María Julia Marcelli, defensora oficial del médico clínico Héctor Di Spagna, coincidieron en que es necesario suspender el juicio para garantizar su legitimidad.
