Derechos vulnerados
03 Octubre de 2025 11:19
El calvario comenzó cuando tenía apenas 14 años y fue engañada con falsas promesas de trabajo para dejar su Corrientes natal y trasladarse a Rosario. Desde entonces, su vida quedó atrapada entre las paredes de una casa del barrio Martín, a pocos metros del Monumento Nacional a la Bandera, donde durante más de dos décadas fue obligada a servir a una familia como si fuera una prisionera invisible. Este jueves, tras 22 años de sometimiento, la mujer -hoy de 36- fue finalmente rescatada en un operativo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal.
La investigación se inició a partir de un informe médico: la víctima acudió a un hospital público por un cuadro de salud y, al ser derivada a un servicio de salud mental, relató fragmentos de su historia que revelaron la verdad. "Lo que planteaba ella no correspondía a un cuadro físico, entonces fue derivada al servicio de salud mental. En las entrevistas con psicología contó situaciones que daban cuenta de un posible delito de reducción a la servidumbre o explotación laboral", explicó en diálogo con Telenoche María Laura Pasquero, responsable del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito de la Defensoría del Pueblo.
La mujer no sabía leer ni escribir, dependía absolutamente de sus captores y presentaba un severo daño psíquico por haber vivido bajo una condición de sometimiento e incertidumbre permanente. Durante más de dos décadas fue obligada a realizar tareas domésticas y a cuidar a personas mayores, sin recibir jamás un salario. Apenas le permitían salir a la calle para hacer compras o mandados, siempre bajo el control de la familia que la redujo a la servidumbre.
El caso fue puesto en manos de la Fiscalía Federal, que ordenó dos allanamientos simultáneos. En la casa de barrio Martín fue hallada la víctima, mientras que en la localidad de Pueblo Esther fue detenido un hombre de 66 años, presunto hijo y hermano de quienes figuran como responsables de la explotación. El juez de Garantías, Román Lanzón, dispuso que la mujer reciba asistencia inmediata de un equipo de psicólogos para acompañar sus primeras horas de libertad tras más de veinte años de esclavitud.
La figura penal que pesa sobre los imputados es la de trata laboral, delito que contempla penas de hasta 15 años de prisión. Ahora, la causa sigue su curso con la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo, organismos que trabajan en la restitución de los derechos vulnerados. El desafío es ahora reconstruir la vida de una mujer que vio borrados su adolescencia, su juventud y su libertad en nombre de una servidumbre que parecía no tener fin.
