Debió dar marcha atrás
La estrategia del Gobierno para avanzar con una profunda modificación del régimen de tierras rurales terminó en un nuevo traspié parlamentario. A pocas horas de que el Senado debatiera la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, La Libertad Avanza decidió retirar del proyecto el capítulo que flexibilizaba la venta de tierras rurales a extranjeros, luego de comprobar que no contaba con los votos necesarios para aprobarlo.
La decisión fue tomada en una reunión encabezada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a los bloques aliados, después de que varios gobernadores que habitualmente acompañan a la Casa Rosada resolvieran rechazar la iniciativa. El proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, proponía elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podrían quedar en manos extranjeras e incluso contemplaba mecanismos para autorizar compras por parte de empresas con participación estatal de otros países, siempre que existiera el aval de las provincias y del Poder Ejecutivo nacional.
Sin embargo, la resistencia política terminó siendo más fuerte que las negociaciones de último momento. Los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén) ordenaron a sus senadores votar en contra del capítulo, provocando que el oficialismo perdiera cualquier posibilidad de alcanzar la mayoría necesaria. La derrota obligó a Patricia Bullrich a retroceder sobre uno de los aspectos que el Gobierno consideraba centrales dentro del paquete de reformas.
De hecho, durante las horas previas la ministra había intentado salvar el proyecto introduciendo cambios para convencer a la UCR, al PRO y a los bloques provinciales. La propuesta original, que en un comienzo buscaba eliminar prácticamente todas las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, ya había sido moderada hasta fijar un límite del 25%. Ni siquiera esa concesión alcanzó para destrabar el conflicto. Uno de los grandes derrotados fue Federico Sturzenegger, principal impulsor de la iniciativa y uno de los funcionarios que más insistió en la necesidad de modificar la Ley de Tierras.
Su proyecto quedó desarmado antes de llegar al recinto, dejando en evidencia las dificultades del Gobierno para reunir consensos incluso entre sus aliados habituales. Tras el revés, el oficialismo intentó minimizar el impacto mediante un comunicado: "En una reunión del bloque integrado por los 44 senadores integrado por La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz, se resolvió por consenso postergar el tratamiento del Capítulo III del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, referido al régimen de tierras rurales".
Además, sostuvieron que "la decisión fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso". No obstante, detrás de la explicación oficial quedó al descubierto una realidad política distinta: el Gobierno no logró reunir los apoyos necesarios y optó por retirar el capítulo para evitar una derrota en el recinto. Incluso, el comunicado aclaró que "la postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes", dejando abierta la posibilidad de insistir más adelante.
Con el retiro del capítulo más polémico, la sesión prevista para este jueves continuará con el tratamiento del resto del proyecto, que mantiene modificaciones al régimen de expropiaciones, procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y cambios en el Registro de la Propiedad Inmueble. En las últimas horas, incluso algunos senadores que Bullrich daba por asegurados comenzaron a despegarse públicamente de la iniciativa. Según trascendió, mientras la ministra ofrecía una conferencia para anunciar los cambios en la ley, varios legisladores negaban que existiera un acuerdo y advertían que votarían en contra.
