07 Abril de 2026 09:23
El procesamiento del empresario Marcelo Porcel por abuso sexual infantil reavivó el debate público sobre el funcionamiento de la Justicia. En ese contexto, el periodista Rodolfo Barili lanzó un fuerte y detallado descargo para mostrar las contradicciones del sistema judicial frente a casos de extrema sensibilidad. Durante su intervención, Barili puso el foco en lo que considera un trato desigual frente a otras causas similares. "En estos momentos, en Argentina hay al menos una decena de hombres detenidos bajo la sospecha de abusar de menores con una décima parte de las pruebas que pesan sobre Porcel", afirmó.
Luego de marcar el contraste directo entre la situación del empresario y la de otros imputados, el conductor fue más allá y cuestionó los privilegios procesales que, según su análisis, rodearon al acusado: "Acusados y sospechados de delitos aberrantes contra menores de edad en circunstancias aún menos gravosas que por las que se investiga a este empresario. Acusados que debieron ir a declarar esposados, ni bien fueron acusados, y a quienes se allanó y se le dictó la prisión preventiva por la gravedad de la acusación en su contra y las pruebas iniciarias en investigación".
En ese sentido, subrayó un punto clave de la causa: "Porcel, este acusado, no fue jamás siquiera a declarar a un tribunal. Luego de una inexplicable dilación, Porcel tuvo el privilegio de hacerlo vía Zoom". La modalidad remota, sumada a la demora en la citación, aparece como uno de los ejes centrales de la crítica. El periodista también remarcó el peso de los testimonios recolectados: "No es un testimonio el que lo compromete, es una decena de chicos. Podrían ser en total 16 las acusaciones en su contra". La magnitud de las denuncias -que incluyen relatos de menores obtenidos en cámara Gesell- refuerza la preocupación por la falta de medidas más severas.

Actualmente, Porcel fue procesado como autor penalmente responsable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, además de estar imputado por corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil. La Justicia le prohibió salir del país y le impuso un embargo millonario, pero decidió no dictar prisión preventiva, por lo que continúa en libertad.
Esa decisión es, precisamente, el punto más cuestionado por Barili: "La justicia no solo le permitió el privilegio de no tener que ir a tribunales, sino que ni siquiera hoy dicta la prisión preventiva para proteger a esos menores y a las familias que batallan contra el fantasma del dinero del empresario, de sus contactos y de su poder". La investigación, que tramita en el juzgado a cargo de Carlos Manuel Bruniard con intervención del fiscal Pablo Turano, sostiene que los hechos habrían ocurrido en distintos ámbitos vinculados al empresario, incluyendo su domicilio, oficinas y otras propiedades.

Entre las pruebas, figuran imágenes encontradas en sus dispositivos y testimonios coincidentes de las víctimas. Sobre el final de su descargo, Barili planteó una advertencia institucional que trasciende el caso puntual: "Porcel tiene derecho a defenderse, como cualquier acusado en la Argentina, pero los jueces tienen la obligación moral y legal de aplicar las leyes sin mirar a quién". Y concluyó con una frase que resume la gravedad del escenario: "que la imparcialidad de la justicia esté en duda, en democracia siempre es muy, muy grave".

