Un crimen con consecuencias masivas
04 Septiembre de 2025 11:10
La causa por el fentanilo contaminado, que ya dejó un saldo estremecedor de 96 pacientes muertos en distintas provincias del país, entra en sus horas decisivas. Este jueves será indagado el último acusado: Eduardo Darchuk, jefe de Producción en Laboratorios Ramallo S.A., quien firmó los registros y controles de los lotes 31.202 y 31.244, ambos bajo sospecha.
Su declaración marcará el cierre de una ronda que compromete a 17 imputados y que abre el camino hacia las definiciones del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. El expediente, voluminoso y lleno de pruebas cruzadas, dejó al descubierto el costado más oscuro de la industria farmacéutica local: laboratorios clausurados, documentación falsificada, protocolos sanitarios omitidos y la circulación de ampollas infectadas con bacterias letales, entre ellas Klebsiella variicola y Klebsiella pneumoniae. Detrás de cada número, un nombre, una vida cercenada y familias enteras que desde hace meses cargan con el peso del duelo y la incertidumbre.
En el centro del huracán aparece Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma, señalado como el hombre que concentraba la toma de decisiones y el desvío ilegal de fentanilo. A su lado, directores técnicos, jefes de control de calidad y gerentes de producción, todos bajo sospecha de haber participado en un esquema que permitió que los lotes contaminados llegaran a hospitales y clínicas. Las imputaciones son gravísimas: producción y comercialización de medicamentos adulterados, desvío y tráfico ilegal de estupefacientes, y manipulación documental para encubrir las irregularidades.
La fiscal María Laura Roteta detalló que, aunque hay 122 historias clínicas en análisis, 12 muertes ya fueron confirmadas por peritajes forenses como consecuencia directa de la aplicación de ampollas del lote 31.202. La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió en los últimos días una alerta internacional. La ANMAT y el Gobierno nacional se vieron forzados a establecer un monitoreo en tiempo real de los medicamentos, en un intento por contener el daño y recuperar la confianza pública.
Sin embargo, para los familiares de las víctimas, las medidas llegan tarde: "Nadie nos devuelve a nuestros seres queridos. Lo único que pedimos es que los responsables paguen", se escucha en cada movilización frente a los tribunales. Las sanciones que pesan sobre los acusados no son menores: entre 10 y 20 años de prisión en caso de que se prueben las calificaciones más severas. El juez Kreplak tendrá la responsabilidad de decidir en los próximos días qué camino sigue la causa, en un fallo que no solo marcará el futuro de 17 imputados sino que también pondrá a prueba la capacidad de la Justicia para dar una respuesta proporcional a la magnitud de la tragedia.
En los pasillos de los hospitales, en las marchas de familiares, en cada historia clínica apilada en el expediente, se repite la misma pregunta: ¿cómo fue posible que un medicamento adulterado atravesara todos los filtros hasta llegar al cuerpo de pacientes vulnerables? La causa del fentanilo contaminado ya no es solo un caso judicial: es el espejo de un sistema sanitario quebrado por la corrupción y la negligencia.
