Arde la interna
por Leo Morales
13 Mayo de 2024 16:53
Fernando Báez Sosa tenía 18 años. Había viajado -por segundo verano consecutivo- a la Costa a disfrutar de unas vacaciones junto a sus amigos del secundario y su novia. Después de unos días en Miramar con algunos compañeros del primario, el estudiante de derecho partió el 17 de enero del 2020 rumbo a Villa Gesell para encontrarse allí con todo el grupo. Pero la felicidad duró menos de un día: los médicos locales lo declararían muerto en la madrugada del sábado 18, después de cruzarse en el boliche Le Brique con los ahora ocho condenados por su asesinato.
El caso conmocionó y logró algo que desde hacía tiempo no se vivía en el país: por primera vez no hubo grieta y el reclamo general de la sociedad era sólo uno, que se hiciera Justicia. Los videos del feroz ataque se contraponían con el silencio de los por entonces diez imputados. Un silencio que sólo romperían algunos de ellos durante el juicio que tuvo lugar a principios del 2023 en Dolores y al que Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz llegaron en calidad de imputados.
La sentencia llegó en febrero del año pasado, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a perpetua como coautores de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves" a Thomsen, Benicelli, Comelli, Ciro y Luciano Pertossi. Distinta fue, de acuerdo al Tribunal, la participación de Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi: todos ellos condenados a 15 años por ser considerados "partícipes secundarios".
El grupo se mantuvo unido y todos fueron defendidos por Hugo Tomei. Pero la "defensa en bloque" se rompió después de que en marzo de este año la Cámara de Casación bonaerense ratificara las condenas con una única modificación: descartó la calificación de alevosía, pero mantuvo el agravante del "concurso premeditado de dos o más personas". Este fue el segundo revés judicial para el grupo y logró agrietarlos al punto que dos de ellos tardaron días en cambiar sus defensas.
El primero en hacerlo fue Thomsen, quien presentó sólo un mes más tarde a su nuevo abogado, Francisco Onetto. Luego lo hizo Benicelli, cuya defensa hoy está en manos de Carlos Attías. Ambos apelaron el fallo de Casación al igual que Tomei, quien sigue defendiendo a los Pertossi, Cinalli y Viollaz. El segundo revés judicial logró quebrar tanto a los condenados, como a sus padres. Y es que, a diferencia de la expectativa que tenían antes del juicio en Dolores, ahora les quedan sólo dos instancias más antes de que las condenas queden firmes: la Corte Suprema bonaerense y la de la Nación.
Sobre ellos pesa no sólo la condena judicial, sino también la social; tan cuestionada por este medio. Los abogados, los padres y los condenados lo saben: las reglas del juego ahora cambiaron y, con el agua sobre el cuello, accedieron de a poco a dar la "batalla mediática". Un inobjetable derecho, en especial teniendo en cuenta los ataques sistemáticos a los que fueron sometidos desde aquel sábado 18 de enero del 2020 en el que el país se entero vio por primera vez los videos de la salvaje golpiza.
El primero en "tantear las aguas" fue Thomsen. Primero, trascendió que estaba en negociaciones con Telefe para brindar su testimonio e intentar mejorar su imagen pública. Pero la negativa del canal a negociar dinero a cambio de la entrevista lo hizo escuchar otras ofertas, que llegaron de la mano de TN y el Grupo Clarín. Las mismas que recibió Benicelli, cuyo abogado ya presentó el pedido de autorización para poder llevar adelante un mano a mano con el periodista Rolando Barbano.
La entrevista tendrá lugar en la alcaidía de Melchor Romero, el mismo lugar en el que cumple condena el resto de sus amigos. Según pudo saber este medio, el pedido ya fue autorizado; resta sólo saber cuándo se grabará, qué dirá en el mano a mano el condenado y el impacto que tendrá en el resto del grupo. ¿Qué impacto social tendrá? "Lo único que puedo decir es que ni Silvino, ni Graciela jamás cobraron, ni se les ocurriría cobrar por contar su verdad", disparó Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima.
