Un vueltito
La trama del AdorniGate que mixea política, poder y corrupción, el nombre de Matías Tabar es clave en la investigación de funcionarios libertarios que rodean a Javier Milei. Tabar, el contratista que empezó con un millonario contrato para remodelar una propiedad en el exclusivo Country Indio Cuá, se transformó ahora en una tormenta judicial y mediática que tiene al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo todos los reflectores por la causa que tienen abierta por enriquecimiento ilícito.
Tabar, un contratista hace poco anónimo, decidió presentarse voluntariamente ante la Justicia en mayo pasado para aportar pruebas que comprometen a Adorni. Según su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita, el jefe de Gabinete lo contrató en 2024, cuando aún no ocupaba su actual cargo, para realizar costosas reformas en su flamante residencia.
Los trabajos incluyeron la instalación de nuevos pisos, renovaciones en baños y cocina, la construcción de un quincho con mobiliario a medida y la reparación de una pileta con cascada. Todo esto, según Tabar, tuvo un costo total de 245 mil dólares pagados en efectivo y sin factura, en dos etapas: 55 mil dólares al inicio y el resto al finalizar la obra en 2025.
La información proporcionada por Tabar fue un meteorito que generó un agujero gigante en el gobierno de La Libertad Avanza no sólo por las cifras millonarias sino también por las irregularidades fiscales asociadas. Y ahí es donde viene el "vueltito" político para el gestor de obras: su actitud llevó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dirigida por Andrés Vázquez, a iniciar una investigación exhaustiva sobre el contratista.
Como si de una represalia política se tratara, ARCA intimó a Tabar a presentar en un plazo de diez días toda la documentación que respalde sus ingresos y actividades económicas durante los años 2024 y 2025. La ironía no pasó desapercibida: el gobierno que se jacta de ser adalid de la desregulación y enemigo del "estatismo opresor" ahora utiliza su brazo fiscal para cercar a un ciudadano que decidió colaborar con la Justicia.
El papel de Andrés Vázquez en esta historia no es menor. El titular de ARCA, conocido por su cercanía con Adorni, ya enfrenta sus propios escándalos: en 2024, cuando era jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Vázquez fue acusado de omitir tres inmuebles en Miami, valuados en cerca de 2 millones de dólares, en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).
En aquel entonces, fue el propio Adorni quien salió a defenderlo públicamente: "No hay nada que nos resulte inconsistente", afirmó el jefe de Gabinete, quien meses después también enfrentaría acusaciones similares por no declarar propiedades y justificar su creciente patrimonio con supuestas inversiones en criptomonedas.
Ahora, el camino que Matías Tabar tiene por delante es incierto y peligroso y su decisión de colaborar con la Justicia lo pone en una posición vulnerable frente a un aparato gubernamental que parece dispuesto a todo para protegerse.
Mientras tanto, Manuel Adorni enfrenta un futuro político incierto y, aunque cuenta con el respaldo público de Javier Milei hasta ahora, las crecientes acusaciones podrían convertirlo en un ancla pesadísima para un gobierno que ya enfrenta cuestionamientos por corrupción en casos como los de la Agencia Nacional de Discapacidad y la mega estafa en criptomonedas $Libra. La pregunta del millón sería: ¿hasta dónde llegarán las garras del Estado para proteger a sus propios arquitectos?
