La motosierra no discrimina
04 Agosto de 2025 08:18
El gobierno de Javier Milei volvió a mostrar su rostro más salvaje con los sectores más frágiles de la sociedad. En las primeras horas del lunes, y al filo del plazo legal, el Ejecutivo oficializó mediante el decreto 534/2025 el veto total a tres leyes sancionadas por el Congreso que buscaban recomponer ingresos jubilatorios, garantizar el acceso a la jubilación para quienes no pudieron completar 30 años de aportes y declarar la emergencia en el sistema de atención a personas con discapacidad.
Con la rúbrica del presidente y de casi todos sus ministros, el Gobierno calificó las leyes como "fiscalmente irresponsables" y aseguró que presentaron "vicios graves" durante su tratamiento legislativo. El argumento económico: un gasto "exorbitante" de más de 7 billones de pesos para 2025 y cerca de 17 billones para 2026, que -según el Ejecutivo- comprometerían el "equilibrio fiscal innegociable". Pero detrás de esa narrativa, lo que se impone es la decisión política de desfinanciar políticas sociales básicas.
Sobre todo, aún cuando el Congreso -representando mayorías populares- las había aprobado en ambas cámaras. En paralelo, desde la Casa Rosada reconocen que el verdadero objetivo es evitar una derrota legislativa: por eso demoraron la publicación del veto, para dilatar la posibilidad de que Diputados vuelva a tratar los proyectos y reunir los dos tercios necesarios para insistir. Las leyes vetadas abarcaban tres frentes sociales esenciales:
Jubilaciones: la norma votada contemplaba un aumento del 7,2% sobre los haberes, un bono permanente actualizado por inflación y transferencias a cajas previsionales provinciales. Se trataba de una mejora parcial para un sector que ya perdió más del 40% de su poder adquisitivo en el último año.
Moratoria previsional: reinstalaba el plan de pagos previsional por dos años, permitiendo el acceso a la jubilación a quienes no alcanzaron los 30 años de aportes, un derecho que garantiza protección en la vejez para millones de trabajadoras informales, en su mayoría mujeres.
Emergencia en discapacidad: la ley declaraba la emergencia hasta 2026, establecía una pensión no contributiva compatible con el trabajo formal, actualizaciones automáticas de aranceles para prestadores y una compensación económica de emergencia. El Ejecutivo estimó que solo esta ley implicaría un gasto de más de 4,7 billones de pesos en 2026.
El Gobierno sostuvo que esto equivale a casi el 1% del PBI para este año y al 1,68% para el próximo, lo que "dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales" y pondría en riesgo el equilibrio fiscal, al que califican como "innegociable". También argumentó en el decreto publicado este lunes en el boletín oficial que el proceso de aprobación en el Senado estuvo "viciado por graves nulidades". Señalan que la sesión del 10 de julio se realizó sin la citación previa correspondiente y que el tratamiento de los proyectos se habilitó con una mayoría simple cuando se requerían dos tercios, debido a una "ilegítima interpretación del Reglamento".
De esta manera, mientras Milei defiende el veto con promesas de judicialización y advertencias de que "la política del superávit fiscal es permanente", el país asiste a una de las peores crisis del sistema de atención a personas con discapacidad. Centros terapéuticos cerrando, prestadores desfinanciados y familias abandonadas por un Estado que se repliega. Solo en La Plata, en el último mes cerraron ocho centros de día, dejando a 500 personas sin tratamiento, a cientos de trabajadores sin empleo y a familias que perdieron no solo un espacio de rehabilitación, sino el único plato de comida del día. La consigna "Ley de emergencia en discapacidad, ya" dejó de ser una consigna.
Se trata de un ruego urgente por humanidad. Los aranceles están congelados desde diciembre de 2024, con una actualización de apenas el 0,5% frente a una inflación que supera el 250% interanual. Los pagos se demoran entre 90 y 120 días. Las autorizaciones para tratamientos se rechazan sin justificación. Y los trabajadores del sector, sin representación y sin respaldo, comienzan a quebrarse emocionalmente. En este contexto, los prestadores iniciaron medidas de fuerza, con paros activos y una marcha nacional prevista al Congreso este jueves. Reclaman lo básico: que no se deje morir al sistema.
Que no se condene al abandono a miles de niños, adolescentes y adultos con discapacidad. El oficialismo, por su parte, se muestra entusiasmado. Cree contar con los votos suficientes en Diputados para evitar que los vetos se caigan. La estrategia: asegurarse el tercio de los presentes que impida alcanzar la mayoría especial de dos tercios para insistir con las leyes. En votaciones previas, La Libertad Avanza y sus aliados sumaron entre 84 y 87 votos negativos.
Este miércoles, una sesión clave incluirá no solo estos temas, sino también otros ejes sociales en conflicto: el financiamiento universitario, la emergencia del Hospital Garrahan y el desguace de organismos científicos como el INTI, el INTA o el Banco Nacional de Datos Genéticos. Todo mientras el Ejecutivo negocia con gobernadores una posible distribución de los Aportes del Tesoro Nacional, como moneda de cambio para sostener los vetos.
