28 Mayo de 2015 07:36
El Senado le dio ayer media sanción al proyecto de ley del oficialismo que busca implementar el nuevo Código Procesal Penal. Se trata de un paquete de cinco iniciativas que ahora deberá ser debatido en la Cámara Baja. El cambio central que recibirá el código tiene que ver con la agilización de los tiempos judiciales: una causa que hoy demoraba entre tres o cuatro años, duraría como máximo un año.
La agilización de los procesos judiciales es uno de los ejes de la propuesta, que ya había sido aprobada en noviembre pasado. El nuevo código fija un plazo más acotado para que un expediente sea enviado a juicio oral. En la actualidad, la instrucción en una causa demora entre tres y cuatro años. El nuevo código fija un plazo máximo de un año, mientras que el juicio oral debe realizarse entre 5 y 30 días luego de finalizada la investigación o instrucción. En este punto, es importante destacar que, de superarse los 30 días, si no comienza el juicio, el expediente no prescribe.
Por Cadena Nacional, así anunciaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el proyecto del nuevo Código Procesal Penal que enviaría al Congreso:
Durante el debate del año pasado, uno de los puntos más polémicos fue el artículo del proyecto que hacía referencia a los delitos cometidos por extranjeros, donde se incorporaba al Código Procesal Penal la expulsión “con prohibición” de reingreso al país por hasta 15 años, como una condición de la suspensión de juicio a prueba. De violarse esa restricción se reanuda el juicio.
Por otro lado, el nuevo código instalará un “sistema acusatorio” en los procesos judiciales. Hasta ahora, rige un sistema mixto entre inquisitorio y acusatorio, en el cual el proceso es dirigido por el juez y, si quiere, puede delegar la investigación en el fiscal. Con los cambios, toda la investigación queda delegada en el fiscal. El juez, por su parte, será quien defina las resoluciones judiciales: juzga, absuelve o condena.
Otra de las modificaciones que se introducen al Código Procesal Penal es que la querella - víctimas y sus familiares - tendrán mayor participación en los procesos. Podrán participar en el proceso, junto al fiscal y al juez, exigiendo y produciendo medidas e inclusive proponiendo la dirección del proceso, cuando el juez y el fiscal no lo hagan. Se reglamentará un sistema de comunicación sobre las decisiones que la afecten y se fija un mecanismo de revisión específico.
