Bajo presión
06 Abril de 2026 08:53
El Congreso vuelve a la actividad intensa esta semana, pero lejos de tratarse de una agenda ordenada, el debate legislativo estará atravesado por una combinación explosiva: reformas sensibles, negociaciones políticas y escándalos que salpican al corazón del Gobierno de Javier Milei. En la Cámara de Diputados, el oficialismo intentará sancionar la reforma de la ley de Glaciares, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que apunta a reducir áreas protegidas para habilitar inversiones mineras. En paralelo, el Senado buscará avanzar con el ingreso de más de 60 pliegos de jueces y fiscales, en un intento por destrabar un Poder Judicial con cientos de vacantes.
Sin embargo, el contexto político amenaza con desbordar cualquier intento de normalidad parlamentaria. El proyecto de modificación de la ley de Glaciares aparece como una de las principales apuestas del oficialismo. Impulsado con el respaldo de gobernadores de provincias mineras, busca redefinir qué zonas quedan protegidas y cuáles pueden ser explotadas. En los hechos, la iniciativa propone limitar la protección únicamente a aquellas geoformas que tengan una función hídrica comprobable, dejando fuera amplias áreas periglaciares que hoy están alcanzadas por la legislación vigente.
Organizaciones socioambientales ya anticiparon que, en caso de aprobarse, judicializarán la norma por considerar que vulnera el principio constitucional de "presupuestos mínimos" en materia ambiental. A esto se suma otro punto crítico: el traspaso del control del inventario glaciar a las provincias. Actualmente en manos de un organismo científico nacional, ese relevamiento pasaría a depender de autoridades locales, lo que para la oposición abre la puerta a criterios más laxos en función de intereses económicos regionales. El oficialismo llega al debate con una ventaja numérica construida sobre alianzas heterogéneas.
Diputados del PRO, la UCR y bloques provinciales -especialmente de distritos con potencial minero- se perfilan como aliados clave. Incluso dentro de la oposición peronista se esperan fisuras. Legisladores de provincias cordilleranas podrían acompañar el proyecto, reflejando cómo los intereses económicos locales empiezan a desdibujar las fronteras partidarias. En ese esquema, la llamada "mesa del cobre" y los gobernadores mineros juegan un rol central, aunque muchos optaron por mantener un perfil bajo para evitar costos políticos internos. En paralelo, la Cámara alta buscará avanzar con más de 60 pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo.
La movida apunta a cubrir parte de las más de 300 vacantes existentes y, al mismo tiempo, enviar una señal de acercamiento al Poder Judicial. Entre los nombres que generan ruido figura la postulación de familiares y funcionarios vinculados a figuras de peso dentro de la Justicia, lo que reaviva viejos cuestionamientos sobre la falta de transparencia en los procesos de designación. Pero el verdadero telón de fondo del debate parlamentario no está en los proyectos, sino en las denuncias que rodean al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al propio Presidente.
El incremento patrimonial de Adorni, sumado a las investigaciones sobre sus viajes y propiedades, sigue generando interrogantes que la oposición buscará llevar al recinto. La posibilidad de impulsar una interpelación ya está sobre la mesa. A esto se suma el avance de la causa por la criptomoneda $LIBRA, que involucra a Karina Milei y al propio Milei en una trama judicial que incluye pedidos de indagatoria y sospechas de una presunta estafa. El oficialismo apuesta a mostrar capacidad de gestión y avanzar con leyes estructurales. Sin embargo, lo hace en un contexto donde cada movimiento legislativo está condicionado por la fragilidad política.
