Bronca
02 Marzo de 2026 15:28
El inicio del ciclo lectivo 2026 está marcado por una profunda crisis en el sistema educativo argentino. Este lunes, un paro nacional convocado por las principales confederaciones docentes —CTERA, UDA, CEA, Sadop y Amet— paraliza las escuelas públicas de todo el país. Los gremios exigen una mejora salarial urgente que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, en un contexto donde el salario promedio de los maestros alcanza su nivel más bajo en los últimos 20 años.
La situación actual no es una sorpresa. Según datos del economista Alejandro Morduchowicz, el salario promedio de un maestro de grado con jornada simple y 10 años de antigüedad es hoy inferior al registrado en 2005, año en que se promulgó la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075).
Y, paralelamente, un informe de Argentinos por la Educación detalla que, entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, los salarios docentes cayeron un 19% en promedio a nivel nacional, afectando a 21 de las 24 provincias. Solo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro lograron mantener o incrementar los ingresos de sus maestros.
El desfinanciamiento del sistema educativo es uno de los factores clave detrás de esta crisis y, según Argentinos por la Educación, la inversión nacional en educación sufrió una reducción del 47,7% entre 2023 y 2025.
Claro que como todos y todas las trabajadoras, el gobierno de Javier Milei, no trajo más que problemáticas. Es más, el Presupuesto 2026 destina apenas el 0,75% del PBI a educación, una cifra alarmantemente baja si se compara con el 1,52% asignado en 2016 o el histórico 6% establecido como meta por la Ley de Educación Nacional, alcanzada únicamente en 2015.
La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) hace dos años bajo la administración del presidente Milei agravó aún más la situación ya que este fondo representaba entre el 8% y el 15% del salario docente según la provincia y constituía un componente clave para garantizar un ingreso digno a los trabajadores de la educación que ahora quedaron completamente relegados.
Además, el ajuste impactó de manera desigual en los distintos niveles educativos: mientras que la financiación nacional para educación obligatoria cayó un 76,5% entre 2023 y 2025, la inversión en infraestructura educativa se redujo un 58,5%. En contraste, las universidades sufrieron una disminución menor, del 29,4%, lo que evidencia una disparidad en las prioridades presupuestarias.
Ante este panorama desolador, los gremios docentes intensifican sus reclamos. Exigen no solo la restitución del FONID, sino también la recuperación de fondos nacionales para garantizar una educación pública de calidad. Además, rechazan el proyecto de ley de "libertad educativa" impulsado por el Gobierno que, según denunciaron representa una amenaza para el sistema educativo público.
El paro nacional busca ejercer presión sobre las autoridades para que tomen medidas concretas. En este contexto, el Ministerio de Capital Humano convocó a una reunión paritaria nacional docente este lunes a las 12; cabe recordar que la última negociación tuvo lugar allá lejos y hace tiempo en febrero de 2025, cuando se fijó un salario mínimo docente de 500.000 pesos para un maestro sin antigüedad y con jornada simple. Este monto básico resulta claramente insuficiente frente a una inflación acumulada que ha erosionado significativamente el poder adquisitivo.
Por su parte, la medida de fuerza recayó sobre unos 8,5 millones de estudiantes que debían retomar las clases este lunes en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán, entre otras. Sin embargo, el impacto trasciende lo inmediato: la crisis salarial y presupuestaria pone en jaque el presente del sistema educativo pero también el futuro del país.
