Grave
02 Julio de 2025 15:55
En una madrugada marcada por la tensión y el desconcierto, varios militantes kirchneristas fueron detenidos en operativos violentos, tras una protesta frente al domicilio del diputado libertario José Luis Espert. Las acciones judiciales, encabezadas por la jueza Sandra Arroyo Salgado, generan un fuerte repudio desde distintos sectores políticos, especialmente entre referentes del Partido Justicialista que vio cómo la justicia condenó a Cristina Fernández de Kirchner en un movimiento de lawfare sin precedentes en Argentina.
El episodio que desató esta serie de acontecimientos tuvo lugar días atrás, cuando un grupo de manifestantes arrojó bolsas con estiércol en la casa de Espert luego de que éste insultara de la peor manera a la hija de Cristina, Florencia Kirchner. Este acto de repudio político derivó en una rápida respuesta judicial que incluyó allanamientos y detenciones en localidades como Quilmes, Vicente López y Escobar. Entre las personas detenidas se encuentra Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes y secretaria general del Partido Justicialista local.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, expresó su indignación en una entrevista con el periodista Víctor Hugo Morales, denunciando la persecución política y judicial: "Lo que pasa es que no hay democracia en la Argentina. Estamos viendo modos que recuerdan a los años más oscuros de la dictadura: allanamientos a la madrugada, irrupciones violentas en domicilios particulares. Se llevaron detenida a una militante política que es concejala y presidenta de un bloque en Quilmes, con una orden de allanamiento que buscaba cualquier volante relacionado con Cristina Kirchner o con la lucha por su libertad. Esto es un atropello tremendo".
Mendoza también describió el clima de miedo e intimidación que han generado estos procedimientos: "Recién hablaba con los vecinos de la cuadra donde vive Eva y a la vecina de adelante le dijeron que si no abría le iban a romper la puerta, iba a entrar a las patadas. Una mujer que, por supuesto, se asustó mucho porque Eva alquila en una casa que es un pasillo al fondo. Así que lo que están generando es un un miedo también a partir de de esta conducta que obviamente es una orden de Bullrich avalada por por Milei y que forma parte de de esta mafia que hoy opera en la Argentina".
La dirigente no dudó en señalar al diputado Espert como parte del problema y lo instó a dar explicaciones sobre su propio accionar: "Espert debería explicar por qué viajó en un avión narco. En lugar de eso, estamos viendo cómo se persigue a militantes políticos por actos que no tienen ningún carácter de delito".
En paralelo, Alesia Abaigar, otra de las detenidas, fue trasladada al penal federal de Ezeiza bajo acusaciones de "incitación al odio". Abaigar, quien trabaja en el Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires, habría sido vinculada al escrache contra Espert por el uso de un vehículo registrado a su nombre. Su madre, Eva Pietravallo, también fue detenida durante 48 horas bajo circunstancias similares.
Mayra Mendoza expresó su preocupación por el impacto que estas acciones tienen sobre la democracia argentina: "Esto no es un tema de un grupo o de un sector. Han generado que La Cámpora sea el mal de todos los males y lo único que querían era estigmatizar y señalar a un grupo de militantes políticos que no tienen nada que ver con hacerle mal a este país, todo lo contrario y bueno y lamentablemente hoy están accionando en ese sentido".
La intendenta hizo un llamado urgente a la unidad y movilización: "Estoy muy triste por lo que está pasando, pero tenemos fuerza, tenemos muchas personas que van a trabajar por esta situación apelando siempre al derecho, a la democracia y a que podamos vivir en una sociedad donde todos tengamos garantizado lo mismo. Eso es lo que tanto les molesta, que trabajemos por la igualdad y por la justicia".
Las violentas detenciones por parte de Javier Milei y Patricia Bullrich totalmente desmedidas realzan la idea de que la democracia está en peligro. La escalada de la violencia institucional es preocupante y la pregunta es quién podrá ponerle un freno.
