Rechazo social
19 Febrero de 2026 08:18
La Cámara de Diputados sesionará este jueves a las 14 con un objetivo claro: aprobar con modificaciones el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Si obtiene media sanción, el texto volverá al Senado para su sanción definitiva el viernes 27, en una carrera legislativa tan acelerada como polémica. La convocatoria fue solicitada por La Libertad Avanza junto al PRO, la UCR y bloques provinciales, lo que garantiza el número mínimo para abrir la deliberación.
El pedido fue formalizado por el jefe libertario Gabriel Bornoroni y acompañado por jefes de distintas bancadas aliadas, configurando una mayoría que el oficialismo considera suficiente para avanzar pese a la resistencia sindical y política. Si asisten todos los diputados, la sesión especial deberá comenzar con 132 legisladores presentes, ya que Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda no darán quórum. Desde la oposición lo admiten con resignación: "La única pelea de mañana es el quorum", señalaron, anticipando un escenario en el que, iniciada la sesión, la aprobación sería casi inevitable.
El Gobierno llega al recinto con los números trabajados al límite. Incluso ya convocó al Senado para el viernes 20 a las 10 en caso de que la iniciativa obtenga media sanción, un gesto que expone la velocidad con la que busca concretar la reforma pese al paro general anunciado por la CGT. El pedido de sesión fue presentado luego de comenzada la firma del dictamen. El oficialismo reunió 44 firmas -27 de Presupuesto y 17 de Trabajo- y eliminó el artículo más cuestionado: el 44, que establecía que ante accidentes o enfermedades no laborales el trabajador cobraría solo el 50% del salario y el 75% si tenía familia.
Bornoroni anunció que se mantendría el texto votado por el Senado "con excepción de los cambios en el pago de licencias en caso de enfermedad o accidente", una concesión mínima frente a las críticas que despertó la iniciativa. Solo el PRO y el MID firmaron en disidencia, ya que pretendían autorizar a billeteras virtuales a pagar sueldos, algo que el Senado reservó exclusivamente a los bancos.
Más allá de esa corrección puntual, el proyecto mantiene transformaciones estructurales en la legislación laboral: Se reemplaza el pago de horas extras por un banco de horas para compensar jornadas extensas con francos; se modifica el sistema de indemnizaciones, ahora ajustadas por inflación con un plus anual del 3%; se crea un Fondo de Asistencia Laboral financiado en parte por el salario del trabajador (3%); se habilitan salarios por mérito, productividad o incluso en especie; se permiten vacaciones fraccionadas y se amplían los servicios esenciales con obligación de garantizar 75% de funcionamiento.
También elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, promueve blanqueo laboral con beneficios impositivos, regula trabajadores de plataformas sin relación de dependencia y limita las asambleas sindicales al exigir autorización previa y sin pago de salarios durante su realización. La reforma incluye además una modificación cultural: el financiamiento del INCAA dejará de ser automático desde 2028 y dependerá exclusivamente del Presupuesto.
De esta manera, el oficialismo logró lo que buscaba: una mayoría legislativa coordinada. Pero el costo político aparece fuera del Congreso. La CGT convocó a paro general, el peronismo rechaza la iniciativa y hasta bloques dialoguistas intentan introducir cambios en licencias parentales, estatutos sectoriales y el Fondo de Asistencia Laboral. El debate ya no gira en torno a si la reforma saldrá, sino a cuánto modificará la relación entre trabajadores y empresas. Mientras el Gobierno la presenta como "modernización", sindicatos y oposición la definen como una transferencia de riesgos desde el empleador hacia el trabajador.
