26 Junio de 2025 10:53

El Gobierno nacional oficializó este jueves, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, la eliminación del Día del Trabajador del Estado como jornada no laborable. La medida, que afecta a todos los empleados de la Administración Pública Nacional, deja sin efecto el descanso previsto para cada 27 de junio, una fecha históricamente reconocida por la Ley 26.876. El decreto, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, argumenta que en un país con 19 feriados nacionales, no es "adecuado" que la administración pública no trabaje mientras "el resto de la población lleva adelante su jornada laboral con normalidad".
El texto también remarca que "el trabajo productivo es la principal herramienta de crecimiento" y sostiene que "los principales perjudicados por lo dispuesto en la mencionada Ley N° 26.876 son los argentinos, que deben cargar con el costo que implica la adopción de una medida de tal naturaleza". En línea con el discurso de austeridad y reforma estructural del Estado, el Gobierno insistió en que la gestión pública debe orientarse a ser "transparente, ágil y eficiente" y afirmó que esta decisión se enmarca en el objetivo de "restituir el valor de la cultura del trabajo a lo largo de todo el país".
No obstante, aclaró que, en esta ocasión, el 27 de junio no será considerado hábil administrativo, con el fin de no afectar el cómputo de plazos legales. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado la noticia un día antes en conferencia de prensa. El DNU lleva las firmas de: Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger. La decisión fue comunicada también a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez, conforme establece la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia.
La reacción sindical no tardó en llegar. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) repudiaron con fuerza la eliminación del feriado y advirtieron que se trata de una nueva avanzada contra los empleados públicos. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, fue categórico: "El Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, el Día del Trabajador del Estado, sancionado por la Ley 26.876. Quieren destruir el Estado y también a los estatales, por eso intentan eliminar el día que nos reconoce como tales, ¡pero no van a poder!".
En su cuenta de X (ex Twitter), Aguiar también cuestionó la legalidad de la decisión: "Solo el Congreso puede derogar una Ley que el mismo sancionó. Esto es un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático". Desde ATE se evalúan medidas gremiales y legales, ya que consideran que el Ejecutivo no tiene atribuciones para anular una ley vigente por decreto, salvo en circunstancias extraordinarias. Para el gremio, el DNU no solo vulnera derechos laborales, sino que forma parte de una estrategia deliberada para desprestigiar y achicar al sector público.
El 27 de junio fue instituido como el Día del Trabajador del Estado en homenaje a la fecha en la que Argentina ratificó el Convenio 151 de la OIT sobre las relaciones laborales en la administración pública. Desde su sanción, la jornada funcionaba como un reconocimiento simbólico a millones de estatales que sostienen la salud, la educación, la seguridad social y otros servicios fundamentales. Pero para el Gobierno libertario, ese símbolo representa un obstáculo más que un valor.
La medida se suma a otras iniciativas que buscan modificar el régimen de feriados, licencias y derechos en la administración nacional, en el marco de una política de "modernización" que muchos interpretan como una ofensiva directa contra el empleo público. Así, mientras el relato oficial habla de eficiencia, productividad y cultura del trabajo, del otro lado crece el malestar y la resistencia de un sector que siente que, más que reformas, está siendo arrasado.