Batería de proyectos
por Alejo Paredes
24 Febrero de 2026 08:38
La escena del lunes en la Casa Rosada fue elocuente. Mientras se afinaban los detalles de las sesiones del Senado -designación de autoridades, Ley Penal Juvenil, nueva Ley de Glaciares y la inminente sanción de la reforma laboral-, la mesa política del Gobierno volvió a reunirse para aceitar una maquinaria que ya no se limita a negociar votos: busca copar el Congreso con una catarata de proyectos. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunió al núcleo duro en Balcarce 50 para "afinar la estrategia en el tramo final de la prórroga veraniega". A su alrededor se sentaron Karina Milei, Santiago Caputo, Luis Caputo, Patricia Bullrich y Martín Menem, entre otros.
El mensaje interno fue claro: no aflojar el ritmo. Tras un verano en el que el oficialismo logró aprobar varias iniciativas clave, en la Casa Rosada no se conforman. "Yo tengo sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley", reconoció Adorni en Radio Rivadavia. Y no es una cifra cerrada: Javier Milei pidió recientemente a cada ministro que acerque alrededor de diez propuestas propias para impulsar este año. El resultado es una estrategia que excede el contenido de cada reforma en particular.
Se trata de instalar un estado de debate permanente, donde la oposición debe decidir en serie, bajo presión y con tiempos acotados, sobre iniciativas que van desde el Régimen Penal Juvenil hasta la reforma política, la eliminación de las PASO, la modificación de la Boleta Única, el nuevo Código Penal, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el tratado comercial con Estados Unidos, cambios en el financiamiento universitario o la reglamentación de la propiedad privada.
Más que buscar consensos amplios, la lógica parece ser otra: forzar posicionamientos constantes y, en el proceso, dividir y desgastar. El llamado Consejo de Mayo, encabezado primero por Guillermo Francos y luego por Adorni, funcionó como usina técnica de parte de ese paquete. Allí participaron figuras como Federico Sturzenegger, Alfredo Cornejo y Carolina Losada, junto a representantes empresarios y sindicales.
De ese ámbito salieron iniciativas como la Ley de Libertad Educativa y un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria que, entre otras cosas, buscaría blindar el equilibrio presupuestario incluso frente a futuras mayorías parlamentarias. La acumulación de proyectos no es casual. En el oficialismo entienden que cada debate es una oportunidad para polarizar. Si la oposición acompaña, convalida el rumbo libertario. Si rechaza, queda expuesta como obstáculo del "cambio".
En ambos casos, el Gobierno capitaliza la narrativa. La reforma política es otro ejemplo. Desde el Ministerio del Interior, conducido por Diego Santilli, se impulsa la eliminación o suspensión definitiva de las PASO con el argumento del costo fiscal, junto con modificaciones en la Boleta Única y el financiamiento partidario. No es solo un ajuste técnico: es una jugada que reconfigura las reglas del juego electoral en pleno año de reordenamiento político.
A esto se suma el ambicioso nuevo Código Penal, que pasó de 540 a 912 artículos y endurece penas, amplía figuras como la imprescriptibilidad y tipifica delitos como los "motochorros" o la criminalidad ambiental. Un proyecto de semejante magnitud, por sí solo, demandaría meses de discusión detallada. En el actual esquema, se integra a un torbellino de reformas simultáneas. La lógica de saturación también alcanza a temas sensibles como el financiamiento universitario o eventuales cambios en licencias médicas laborales -un punto que quedó pendiente en la reforma laboral-, con propuestas empresarias que trasladan parte del costo al Estado.
El clima de la última reunión en Casa Rosada fue de "buen humor", según trascendió. No sorprende: el oficialismo logró sancionar la reforma laboral y encara el año con la iniciativa política en la mano. Pero detrás de la sonrisa hay una apuesta de alto riesgo. Gobernar a base de shock legislativo puede resultar eficaz para imponer agenda, pero también tensiona la calidad del debate democrático. Con casi medio centenar de proyectos en fila y decenas más en preparación, el Congreso se encamina a una maratón donde el volumen importa tanto como el contenido. En esa carrera, el Gobierno no solo busca aprobar leyes: busca mantener a la oposición corriendo siempre detrás, discutiendo el temario que le imponen y defendiendo posiciones bajo fuego cruzado permanente. El costo institucional que tendrá una estrategia que convierte la producción legislativa en una herramienta de desgaste político sistemático se verá no en este 2026, sino durante la carrera electoral del 2027.
