Escándalo en ANSES: catorce funcionarios bajo la lupa por corrupción y maniobras ilícitas

En las últimas horas, una denuncia penal ingresada en la fiscalía de Guillermo Marijuan sacude los cimientos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); el escrito, cargado de acusaciones graves, apunta a catorce funcionarios de alto rango por presuntas maniobras de corrupción, direccionamiento de contratos y la conformación de una red interna destinada al enriquecimiento personal. 

Este caso, que promete ser un terremoto político y administrativo, ya fue asignado al Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, a cargo del juez Sebastián Ramos. La denuncia detalla una lista de funcionarios que estarían involucrados en las supuestas irregularidades. 

Entre ellos se encuentran figuras clave de la estructura administrativa del organismo:

1. Fernando Omar Bearzi (director ejecutivo)  
2. Paula Amor (secretaria general)  
3. Gastón Palacios (chofer y allegado de Paula Amor)  
4. Diego Palma Beltrán  
5. Luis María Abba  
6. Javier López  
7. Hernán Rubén Camino  
8. Cecilia Paula Rosconi  
9. Santiago Adrián Campo  
10. Duilio Giri  
11. Nora Alicia Valido  
12. Gustavo Gioia  
13. Christian Mikkelsen Loth  
14. Gerardo Corti  

Sin embargo, la lista no se detiene aquí, ya que los denunciantes aseguran que podría haber más implicados en esta trama que, según el escrito, habría operado bajo la conducción directa de Paula Amor desde la Secretaría General.

De acuerdo con el documento presentado, las maniobras ilícitas habrían sido impulsadas desde áreas clave como Programación y Control de Gestión Operativa, Trámites Complejos y Control Interno. Los denunciantes señalan que se habría creado un circuito paralelo de decisiones administrativas destinado a favorecer a empresas vinculadas a los funcionarios mencionados, en detrimento del interés público. Entre los delitos que podrían encuadrarse en esta causa se encuentran: Asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal); Incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248) además de Cohecho y corrupción (artículos 256 y 258).  

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el vínculo entre los funcionarios y empresas privadas que habrían sido beneficiadas con contratos millonarios. Entre las mencionadas figura América Virtual S.A., proveedora de servicios tecnológicos, cuyas facturaciones habrían aumentado "groseramente" bajo la gestión actual, alcanzando montos considerados "exorbitantes" según la denuncia. Según los denunciantes, los servicios adicionales contratados por esta firma habrían alcanzado unos 9 millones de dólares.

Otro caso emblemático es el acuerdo con SAP por licencias, consultoría e implementación, con un costo total de 19 millones de dólares y un adelanto inicial cercano al millón. Pero, ¡puede haber más! A ello se suma la contratación del sistema Mainframe de IBM, cuyo costo estimado asciende a 44,6 millones de dólares, con un primer pago de 7,7 millones y cuotas posteriores. En este caso, la proveedora sería GyL, una firma que alquilaría los servidores al Estado.

Otro aspecto alarmante señalado en el escrito es la supuesta intención de Amor de avanzar sobre la Dirección de Sentencias Judiciales, el área encargada de administrar los pagos millonarios de retroactivos a jubilados. Según la denuncia, es esta funcionaria la que habría contado con la colaboración de su chofer Gastón Palacios y del funcionario Santiago Adrián Campo para influir en las decisiones relacionadas con este sector estratégico.