10 Mayo de 2017 16:28
La ley sancionada por el Congreso que prohíbe la aplicación de la derogada ley del dos por uno a condenados por delitos de lesa humanidad no suspende todos los efectos del criticadísimo fallo de la Corte Suprema que le concedió ese beneficio al represor Luis Muiña, la semana anterior.
De hechos los tres jueces que firmaron el fallo, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, tienen un pedido de juicio político presentado en el Congreso presentado por el diputado Néstor Pitrola y una denuncia por prevaricato que presentó el ex legislador y abogado Marcelo Parrilli.
El fiscal federal Guillermo Marijuan dictaminó que se debe iniciar la investigación al considerar que "el denunciante vinculó los alcances de ese pronunciamiento con ciertas declaraciones que se habrían hecho públicas por parte de diferentes integrantes del Poder Ejecutivo, como así también con el modo en que fueron designados inicialmente dos de los ministros de Corte que conforman el máximo tribunal de Justicia de la Nación".
La Corte quedó en medio de una tormenta política por el fallo.
"Este acusador considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar", agregó Marijuan.
Ahora será el juez federal Daniel Rafecas, quien deberá decidir si da inicio a la causa o la desestima, como hizo, por ejemplo, en su momento, con la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner, o más recientemente con una denuncia de un grupo de diputados del FPV contra el actual presidente Mauricio Macri.
"Es una situación muy delicada desde el punto de vista institucional", advirtió Rafecas en declaraciones a una radio, en la que explicó que los jueces fueron denunciados por prevaricato. "Es un delito poco visto, situaciones donde un magistrado dicta resoluciones o sentencias en donde intencionalmente sabe que está actuando contrario a lo que establecen las leyes", explicó.
Rafecas deberá decidir si impulsa la causa en los próximos días.
"Como ocurren en las denuncias federales, se recibe una denuncia, el juez le avisa al fiscal y el fiscal puede pedir la desestimación porque entiende que no hay delito, pedir medidas previas antes de dictaminar o puede requerir la instrucción por entender que debe investigarse un delito de acción pública", aclaró.
"Como juez hay dos opciones: puede avalar ese requerimiento y abrir una causa penal o puede no compartir el criterio del fiscal y resolver una desestimación", sostuvo el juez, quien no quiso adelantar su posición.
“Que embromado quedar a la derecha de Marijuán”, comentó un abogado al referirse a la eventual decisión de Rafecas, quien tiene que decidir si inicia una causa penal contra los tres jueces de la Corte, una situación nunca vista desde el retorno de la democracia. Hasta ahora hubo pedidos de juicio político, pero no causa penales cuando los integrantes del tribunal supremo estaban en ejercicio.
Marijuan dictaminó que los jueces deben ser investigados.
Fue el mismo abogado Marcelo Parrilli quien más de diez años atrás denunció por prevaricato y enriquecimiento ilícito a Julio Nazareno, presidente de la Corte Suprema durante el menemismo, líder indiscutido de lo que se dio en llamar la "mayoría automática", que siempre votaba en favor de los intereses del Poder Ejecutivo de la época. Pero la denuncia fue desestimada y Nazareno no fue investigado mientras presidía la Corte.
El otro antecedente es más reciente. Elisa Carrió denunció este año al presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti por enriquecimiento ilícito. El 11 de marzo último el juez federal Sebastián Ramos desestimó la denuncia, tras recibir un dictamen fiscal que consideró que el juez puede justificar sus bienes. El dictamen firmado por el fiscal federal Gerardo Pollicita derivó en el cierre de la causa por parte del juez Ramos, con lo cual Lorenzetti nunca llegó a prestar declaración indagatoria.
