La Corte, en la mira: ¿Es posible revertir el fallo que beneficia a los represores?

El reciente fallo de la Corte que otorgó el beneficio del 2X1 al represor Jorge Muiña provocó un verdadero escándalo, no sólo en el ámbito de los organismos de Derechos Humanos y de la oposición -incluso, en el ámbito del Gobierno, el ministro de Justicia Germán Garavano se manifestó en contra del fallo, a diferencia del Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, que dijo que lo "respetaba"- , sino también en buena parte de la sociedad, que percibe con temor la posibilidad de que genocidas como Alfredo Astiz,  Jorge "Tigre" Acosta o Miguel Etchecolatz puedan estar nuevamente en la calle. ¿Es posible revertir este fallo? Las opiniones de los expertos en Derecho difieren.

La sentencia contra Muñia y Bignone, por el Grupo de Tareas del Hospital Posadas. 

A las movilizaciones anunciadas para el miércoles y el jueves -la primera, el miércoles, a Plaza de Mayo, motorizada por los organismos de DDHH más afines al kirchnerismo; la segunda, el jueves, desde Congreso hasta Plaza de Mayo, promovida por los organismos más afines a la izquierda- se le sumará una ofensiva parlamentaria del bloque del Frente para la Victoria, que intentará -según anunció el diputado Juan Cabandié- promover el juicio político de los jueces de la Corte que votaron a favor del 2X1: Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Los dos últimos son los jueces que propuso el Gobierno -y que el Senado votó- tras la jubilación de Eugenio Zaffaroni y la muerte de Carlos Fayt.

A su vez, el diputado Héctor Recalde adelantó que el lunes que viene el bloque del Frente Para la Victoria- PJ presentará un proyecto para pedir que se excluya del principio de la ley penal más benigna a los condenados por crímenes de lesa humanidad “para que no puedan tener los mismos beneficios que un condenado común, ni indulto ni amnistía”.

 A su vez, la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas, fiscal Ángeles Ramos,  hizo una presentación ante el Tribunal Oral Federal 6, para reclamar la inconstitucionalidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La presentación de la fiscal Ramos origina ante el pedido de excarcelación que el apropiador de menores Víctor Gallo hizo ayer mismo para que se le aplique el 2x1.  Los jueces del caso tienen cinco días para resolver si lo liberan o no.

La sentencia que condenó a Muiña y a Bignone

En diálogo con BigBang, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el especialista en Derecho Penal Diego Freedman opinaron -sobre el fallo, sus posibles consecuencias y la posibilidad de revertirlo.

 -Empecemos por el principio: ¿cuál es su opinión personal sobre el 2X1?

Gil Domínguez: Considero que este fallo es injustificado y un enorme retroceso con relación con la jurisprudencia existente y a la CIDH. De haberse aplicado esta ley nunca se hubieran derogado el punto final y la obediencia debida y nunca se hubiera podido juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad.

Freedman: Como todo fallo de la Corte, tiene un sentido político y un sentido jurídico. En el sentido políitico, para mí hay un retroceso en relación con el respeto por los derechos humanos. El orden internacional exige que haya una respuesta adecuada en cuanto a la magnitud de la sanción por la comisión de delitos de lesa humanidad. La inmediata reacción de las víctimas, a través de los organismos de Derechos Humanos, permite saber que este fallo no ofrece esa respuesta adecuada. Desde el punto de vista jurídico,  yo coincido con el voto de la minoría.  ¿Qué dice el voto de la mayoría? Que hay que tomar "la ley penal más benigna". Ahora, si durante el trámite de la causa se vino aplicando la otra ley y el imputado y su abogado se mantuvieron bajo ese régimen, no pueden aplicar otro régimen cuando les conviene. Es decir, no pueden tomar lo que les conviene de la ley anterior y lo que no les conviene de la otra.

Alfredo Astiz: el "ángel rubio de la Muerte" podría ser beneficiado por el 2X1

-Para los que no somos juristas, es difícil entender que se aplique una ley (la del 2X1) que no existía al momento de ocurridos los hechos y que había sido derogada al momento de juzgarlos.

GIL DOMÍNGUEZ: Se aplica un principio que sostiene que las leyes penales "más benignas" se pueden aplicar de manera retroactiva. Aunque la ley fue derogada, ellos entienden que es posible aplicársela a un delito de lesa humanidad. El error que comete la corte es pensar que los delitos ordinarios y de lesa humanidad son estructurales y tienen el mismo régimen de garantías. Los delitos de lesa humanidad, por los bienes que vulneran, son la máxima afrenta a la dignidad humana, tienen un régimen de garantías distinto y a diferencia de los delitos comunes, no pueden ser indultados, amnistiados, ni conmutadas las penas. Y son extraterritoriales, es decir que pueden ser juzgados en cualquier parte. Se debe garantizar la efectiva condena en pos de reparar efectivamente los derechos de las víctimas.

-¿Puede revertirse el 2X1?

GIL DOMÍNGUEZ: Por supuesto. Se puede plantear el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, si esta lo acepta, pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede derogarlo. También puede ser posible que el Congreso dicte una ley por la cual se declare la nulidad de la ley del 2X1 relacionada con la comisión de delitos de lesa humanidad, como se hizo cuando se declaró la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. En ese caso, la nulidad es retroactiva. 

FREEDMAN: La Corte Interamericana podría pronunciarse sobre si es legítima o no la aplicación es legítima o no. Obviamente. habría que hacer antes una denuncia ante la Comisión, pero ese procedimiento puede llevar años. Y después está la pregunta de si la corte modificará su fallo en función de lo que diga la CIDH,.Recordemos el antecedente del caso Fontevecchia. (N de la R: en febrero de este año, la CIDH obligó a la Corte a cambiar un fallo a raíz de una demanda del ex presidente Carlos Menem contra el ex director de la revista Noticias, Jorge Fontevecchia, pero la Corte se negó a hacerlo y desconoció la autoridad de la CIDH).  

GIL DOMÍNGUEZ: Si la Corte Suprema desconoce un fallo de la CIDH, queda como un estado violador de derechos humanos, incumplidor de sentencias, en el mismo estatus de la Venezuela de Maduro y el Perú de Fujimori.

FREEDMAN: Con respecto a la posibilidad de que el parlamento declare la nulidad, eso no garantiza por sí solo que se revierta le ley. No hay "control de constitucionalidad" del poder legislativo. El congreso, para dejar sin efecto la ley, podría declarar la nulidad, pero luego la Corte Suprema podría considerar inconstitucional esta nueva ley. La última palabra siempre la tiene la Corte Suprema.