¿Devolución de favores?
El Gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena por sus decisiones en la Justicia. Esta vez, designó como jueza federal a Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez De Giorgi, el magistrado que tiene a su cargo la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $Libra, el escándalo que mantiene bajo investigación al Presidente. El nombramiento fue oficializado este miércoles en el Boletín Oficial, luego de que el Senado aprobara el pliego de Juan para el juzgado federal de Hurlingham. El detalle que vuelve a poner el foco sobre la decisión es que ese tribunal todavía no está habilitado para funcionar.
La coincidencia temporal tampoco pasó inadvertida: la designación se concretó apenas dos semanas después de que Martínez De Giorgi apartara del expediente $Libra a las víctimas de la presunta estafa que participaban como querellantes. La medida fue apelada por las partes y ahora deberá ser revisada por la Cámara Federal. Desde el mileísmo justificaron el nombramiento de Juan con un argumento que, al menos en los papeles, genera una evidente contradicción.
Según sostienen, la designación fue impulsada a pedido de la Cámara Federal de San Martín para que, hasta tanto se habilite el juzgado de Hurlingham, la nueva magistrada pueda ocupar transitoriamente otros tribunales vacantes de la jurisdicción, como Morón o Moreno. El problema es que el propio Gobierno utilizó el argumento de la falta de habilitación para frenar otro nombramiento. Se trata del caso de María Verónica Michelli, cuyo pliego para un tribunal oral federal de La Plata no fue aprobado porque ese juzgado tampoco cuenta con habilitación.
La diferencia, según la información que circula en los despachos oficiales, es que el Gobierno no quiere designar a Michelli porque es cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista que investiga a la administración libertaria en distintos casos, entre ellos precisamente $Libra. Así, la misma excusa parece servir o dejar de servir según el apellido y los vínculos que estén en juego. Juan es una histórica funcionaria de la Cámara Federal de Comodoro Py. Fue secretaria de la Sala I del tribunal y, hasta ahora, estaba al frente de la oficina judicial encargada de la implementación del sistema acusatorio.
Además, fue la primera en el concurso para ocupar el juzgado federal de Hurlingham. Su pliego fue enviado al Senado por tres presidentes distintos. Primero por Mauricio Macri, aunque la designación no llegó a concretarse porque Alberto Fernández retiró todos los pliegos al asumir. Luego, el propio Fernández volvió a postularla y finalmente Milei también retiró los pliegos antes de volver a enviar su nombre al Senado. El dato que ahora vuelve a incomodar al Gobierno es que su nombramiento se produce mientras su esposo enfrenta una fuerte controversia por una decisión central en la causa que investiga al Presidente.
Martínez De Giorgi, juez federal de Comodoro Py desde 2004, aceptó el planteo de uno de los acusados en el caso $Libra y apartó a las víctimas del expediente. La decisión fue cuestionada por las querellas, que buscan que la Cámara Federal revierta la medida. Mientras todo esto ocurre, el Gobierno de Milei avanza con una renovación de la Cámara Federal, un tribunal clave para las causas de corrupción porque tiene la última palabra sobre buena parte de los expedientes que tramitan en Comodoro Py. El Poder Ejecutivo envió al Senado los nombres de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para ocupar dos lugares en la Cámara Federal.
Precisamente, en la Sala I se encuentra la causa $Libra y allí deberán analizar si las querellas son restituidas al expediente. Bertuzzi es actualmente juez de la Cámara, a la que llegó mediante un traslado durante el gobierno de Macri y luego concursó para quedar como titular. Yadarola, en tanto, es juez en lo Penal Económico y mantiene una relación de amistad con Juan Mahiques, ministro de Justicia de la Nación. La renovación tendrá además otro capítulo en los próximos días. Martín Irurzun dejará su cargo el viernes, un día antes de cumplir 75 años, la edad máxima para ejercer como juez.
El magistrado había pedido continuar cinco años más, pero el Gobierno rechazó su planteo. Irurzun inició una causa judicial, aunque por el momento su reclamo fue rechazado. En medio de la investigación por $Libra, el Gobierno queda así frente a una una serie de decisiones judiciales independientes que, de alguna manera, reconfiguran el tablero de Comodoro Py justo cuando una causa amenaza con incomodar al poder.
