Congreso caliente
04 Junio de 2025 07:37
En un clima de creciente tensión política y fuerte presión social, la oposición en la Cámara de Diputados se juega este miércoles una carta decisiva con una sesión especial que pone al Gobierno contra las cuerdas. Con el recuerdo fresco del fallido intento del pasado 21 de mayo —cuando se quedaron a tan solo tres diputados del quórum—, los bloques opositores redoblan esfuerzos para sesionar y avanzar con una batería de proyectos de alto impacto social: moratoria previsional, aumento del bono jubilatorio, emergencia en discapacidad, emergencia sanitaria pediátrica y asistencia a municipios bonaerenses por las inundaciones recientes.
La cita es a las 12 en el recinto de Diputados, pero el Congreso estará rodeado desde temprano por una movilización multitudinaria convocada por jubilados, colectivos de personas con discapacidad, agrupaciones universitarias, trabajadores de la salud y el movimiento de mujeres, que incluso decidió postergar la marcha del Ni Una Menos para reforzar la protesta. Todo indica que la calle hablará con fuerza mientras dentro del Palacio se libra una batalla por los votos.
El Gobierno, consciente de que esta vez la oposición podría alcanzar el quórum, activó un operativo de contención. El presidente de la Cámara, Martín Menem, multiplicó en los últimos días sus advertencias —públicas y privadas— sobre el supuesto "costo fiscal" de los proyectos opositores. Según sus cálculos, los cambios implicarían un gasto de 12 mil millones de dólares entre 2025 y 2026, equivalente al 1,8% del PBI. De esta manera, desde el oficialismo ya avisaron que el presidente Javier Milei vetará cualquier proyecto que afecte el superávit fiscal, lo que anticipa un nuevo capítulo de confrontación institucional.
Jubilaciones, en el centro del debate
Los temas previsionales ocuparán el eje de la sesión. El paquete incluye la prórroga de la moratoria previsional —que el Gobierno dejó vencer en marzo—, la creación de una Prestación Proporcional para quienes no llegaron a los 30 años de aportes, un aumento del 7,2% en las jubilaciones y una suba en el bono complementario, congelado en $70.000 desde marzo de 2023.
Aunque las proyecciones oficiales insisten en su impacto fiscal, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la moratoria tendría un costo marginal: apenas el 0,165% del PBI en dos años. El incremento del bono a $105.000 (propuesta de Encuentro Federal) o $115.000 (propuesta de Unión por la Patria) sí implica una carga algo mayor: entre el 0,23% y el 0,30% del PBI anualizado. Pese a estas cifras acotadas, el Ministerio de Economía y los voceros libertarios insisten en un discurso de alarma fiscal, reforzando la presión sobre los gobernadores aliados para que, como ocurrió en mayo, instruyan a sus diputados a ausentarse.
Emergencia en discapacidad y salud pediátrica
Otro punto neurálgico del temario será el proyecto que declara la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027. El texto consensuado por la oposición prevé una recomposición de haberes, una actualización automática del nomenclador de aranceles, mejoras en las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas y fondos para talleres protegidos. La OPC calculó un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, en función del aumento esperado en la cantidad de beneficiarios y la recomposición para los prestadores.
En paralelo, también se presentará una moción para emplazar a la comisión de Presupuesto a tratar los proyectos para declarar la emergencia pediátrica y asistir al Hospital Garrahan. Las iniciativas ya tienen dictamen en Salud, y contemplan una recomposición salarial para el personal, compra directa de insumos críticos y exenciones del Impuesto a las Ganancias para trabajadores de salud en guardias y tareas esenciales.
Inundaciones, universidades y el caso $LIBRA
La declaración de emergencia por inundaciones en varios municipios bonaerenses será el tercer eje. Se incluyen partidas extraordinarias para localidades como Zárate, Campana, Salto, Exaltación de la Cruz y Arrecifes, severamente afectadas entre el 16 y el 18 de mayo. Además, sectores universitarios se movilizarán con la expectativa de que la oposición proponga en el recinto el tratamiento del presupuesto para las universidades públicas y una recomposición salarial docente.
También podría haber un intento de destrabar la parálisis en la comisión investigadora del caso $LIBRA, que quedó empatada entre oficialismo y oposición. El pedido de moción para designar su presidente promete una intensa discusión reglamentaria.
Fragilidad libertaria y alianzas opositoras
La arquitectura política del día será tan inestable como decisiva. La oposición necesita reunir los 129 diputados para habilitar la sesión y mantener la unidad hasta el final. Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la izquierda y la Coalición Cívica apuestan esta vez a un temario más acotado, dejando afuera la disputa por los cargos en la Auditoría General de la Nación, que generó fugas en mayo.
El PRO, con excepción de dos larretistas, volvió a alinearse al oficialismo tras la capitulación política de Mauricio Macri. La UCR está dividida: mientras su presidente de bloque, Rodrigo de Loredo, se muestra cercano al Gobierno, figuras como Julio Cobos, Karina Banfi y Fabio Quetglas podrían votar con la oposición. Otro nombre clave es el de Mario Barletta, radical disidente con monobloque propio, que esta vez sí anticipó su presencia.
Las miradas estarán puestas en los diputados que responden a los gobernadores de Córdoba, Santiago del Estero y Chubut. En mayo pasado fueron decisivos para vaciar el recinto. Esta vez, todo indica que el margen de maniobra libertario es más acotado.
La jornada será larga, intensa y clave. Mientras en la calle la presión social alcanzará su punto más alto en meses, dentro del Congreso se definirá si la agenda social logra abrirse paso en medio del ajuste o si el oficialismo logra, una vez más, frenar con amenazas y alianzas circunstanciales cualquier intento de contrapeso democrático.
