Martín Menem adelantó que el proyecto para blindar los "dólares del colchón" no estará aprobado "antes de 15 días"

La Ley de Principio de Inocencia Fiscal que el Gobierno nacional impulsa en el marco del "Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos" no tendrá aprobación antes de quince días, de acuerdo a lo que declaró el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El jueves por la tarde, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, y el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert anunciaron el envío al parlamento del proyecto.

"No antes de quince días porque lleva un tiempo entre la comisión y lograr los consensos para llevarlo al recinto de sesiones", advirtió Menem al aire de Radio Rivadavia. El dirigente explicó que ese sería el tiempo necesario "para que tengan noción todos los diputados" y puedan "trabajar el proyecto, para rápidamente poder llevarlo al recinto y darle media sanción".

Al mismo tiempo señaló que como fuerza política deberán "dar pasos firmes para evitar sorpresas, porque es un asunto clave para el gobierno, pero también para el que está esperando para blanquear o para utilizar esos dólares que durante muchos años se han sacado del sistema". "Necesitamos un Estado que deje de perseguir a los contribuyentes", sostuvo Menem, quien pidió que prevalezca "el principio de inocencia y no que ante la duda sean todos culpables" y defendió que a los que pudieron "escaparse de un sistema persecutorio porque han querido tener la posibilidad de ahorrar", para que "no sean perseguidos eternamente por la máquina estatal".

"Vamos a trabajar para sacar un dictamen en la comisión y ver cómo hacemos para conseguir el quórum y los consensos necesarios para la media sanción", aseguró el presidente de la Cámara de Diputados. "Cada vez que el Ejecutivo ha mandado un proyecto hemos sido, de alguna manera, exitosos, ya que en gran medida hemos conseguido esos objetivos", añadió.

Durante la tarde del último jueves, Pazo y Espert anunciaron el proyecto que aumenta el monto mínimo de dinero no declarado por encima del cual el Estado debe investigar por posible comisión de delito de evasión simple 1.500.000 a 100.000.000 de pesos, mientras que para que la conducta a investigar se considere de "evasión agravada", el piso deberá superar los mil millones de pesos y no los 15 millones que establecen el tope en la actualidad.

"Hasta hoy, podía investigarse por evasor simple por una diferencia de un millón y medio de pesos, algo ridículo. A partir de ahora, estos límites se aumentan significativamente. De las 7.000 causas abiertas en el fuero penal tributario, únicamente quedarán en curso 200, que son las que implican una evasión fiscal real y significante", indicó Pazo en la conferencia de prensa.

"También se modifica el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, el cual se disminuye de 5 a 3 años, siempre que los ciudadanos o las empresas hayan presentado su declaración jurada en tiempo y forma", informó el funcionario. "Quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando lo que debe. Con el nuevo criterio que establece esta ley, los problemas se resuelven pagando", agregó después.

"Con esta ley estamos garantizando que ningún gobierno del futuro podrá perseguirlos por su situación patrimonial pasada. Ninguna administración de otro signo político que busque continuar con su adicción a la persecución podrá volver a tratar a todos los argentinos como delincuentes", concluyó Pazo.