A extranjerizar
La Libertad Avanza (LLA) superó los escollos de la negociación en el Senado de la Nación y logró alcanzar un ajustado quórum para discutir el proyecto conocido como de "inviolabilidad de la propiedad privada", que implica cambios en la Ley de Tierras, que permitirán una mayor adquisición de territorios argentinos por parte de potencias y compañías extranjeras. A su vez, en el borrador que se debate, hay reformas a las legislaciones de Manejo de Fuego, los desalojos y las expropiaciones.
El plan liberal, que permitiría la "libertad" de vender una mayor parte del país -y la soberanía correspondiente- es de una importancia supina para la gestión que encabeza el presidente Javier Milei, de tal manera que el borrador en debate es el decimoquinto del proyecto y dentro de este están muchas de las concesiones que ofreció LLA a sus aliados, para lograr que avance en términos parlamentarios.
El proyecto, que pone fin a las restricciones que imperaban desde 2011, establece en un 15% el límite de extranjerización de tierras y, dentro de ese marco, un 30% como máximo por nacionalidad, lo que dejaría como máximo un 4,5% en manos de algún país extranjero en particular.
Una de las normativas que sí se mantuvieron en el proyecto es "la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados extranjeros" y "de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten". Esta "limitación", a su vez, necesitará "autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional".
Esta potestad provincial y nacional también contará para todas las propiedades de los inmuebles que estén ubicados en lo que se conoce como zonas de seguridad de frontera, territorios justamente que, en la actualidad, en muchos distritos están extranjerizados en más de un 15%.
Otro de los puntos polémicos que el borrador limpió por completo es que, dentro de esas restricciones, funcione el silencio administrativo. Esto implica que, en caso de no oponerse a las ventas de tierras en particular por parte de las gestiones provinciales o nacionales, se interpretará como que la autorización existe. Un el que calla otorga, pero con un resultado que flagela la soberanía nacional.
