Poder y sombras
25 Marzo de 2026 11:54
Una trama de negociaciones reservadas, pagos en criptomonedas y promesas de acceso directo al poder sacude al corazón del Gobierno. Documentos extraídos del teléfono celular de Mauricio Novelli -señalado como operador del ecosistema cripto cercano al oficialismo- exponen un esquema en el que el vínculo con el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei habría sido presentado como un activo exclusivo para atraer inversiones.
Según surge de la información brindada por el periodista Hugo Alconada Mon de decenas de borradores y contratos analizados, Novelli no solo actuaba como intermediario: buscaba institucionalizar ese acceso como un canal privilegiado para el desembarco de capitales vinculados al mundo Web3 en la Argentina. Todo, bajo acuerdos confidenciales y con pagos estructurados en criptomonedas.
Los documentos lo muestran como un verdadero "abrepuertas" de la Casa Rosada. En uno de los acuerdos, pretendía convertirse en "socio exclusivo" para canalizar iniciativas del sector en el país. En otros, avanzaba en la monetización de la figura presidencial como marca y en la intermediación con empresas que aspiraban a beneficios regulatorios extraordinarios, como exenciones impositivas por una década y acceso directo a organismos clave del Estado.
Aunque los papeles no prueban de manera directa la autorización de Javier o Karina Milei, los indicios son persistentes. Empresarios que habrían accedido al Presidente tras acuerdos previos, reuniones concretadas en eventos oficiales y hasta la firma de una "carta de intención" con una fintech internacional alimentan las sospechas sobre el alcance real de estas gestiones. El contenido de los borradores muestra una evolución inquietante.
Lo que comienza como facilitación de contactos escala rápidamente hacia compromisos más profundos: reuniones privadas "uno a uno" con el Presidente, influencia directa en decisiones de gobierno y hasta la adecuación de marcos regulatorios a intereses empresariales. Uno de los puntos más sensibles aparece en un acuerdo donde Novelli y sus socios se comprometían a garantizar que el Gobierno se alineara con los objetivos de una firma extranjera.
El documento incluso contemplaba la posibilidad de nombrar a un asesor exclusivo en temas de Web3 dentro del entorno presidencial y canalizar acuerdos estatales a través de esa estructura. El esquema no era menor en términos económicos: contemplaba pagos iniciales de cientos de miles de dólares y honorarios mensuales sostenidos, además de comisiones sobre negocios concretados. Todo ello, con transferencias previstas en billeteras cripto.
El capítulo más explosivo se conecta con el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el propio Milei en redes sociales el 14 de febrero de 2025. Minutos después de esa publicación, los registros del teléfono de Novelli muestran movimientos frenéticos: búsquedas reiteradas de direcciones en Estados Unidos, uso de herramientas de marketing masivo y actividad digital intensa en simultáneo con el lanzamiento.
El análisis forense detectó más de 3.600 movimientos entre aplicaciones y navegador, incluyendo consultas reiteradas a una dirección en California vinculada a una firma financiera. La insistencia -decenas de búsquedas antes y después del estallido del escándalo- abre interrogantes sobre posibles conexiones operativas o financieras aún no esclarecidas. Ese mismo día, mientras la criptomoneda comenzaba a generar una fuerte controversia que derivaría en una megacausa judicial, Novelli continuaba rastreando datos vinculados a esa dirección y a plataformas de comunicación masiva. La escena sugiere, al menos, un nivel de preparación y coordinación que excede la improvisación.
El conjunto de documentos, chats y registros digitales no solo describe un entramado de negocios: plantea un modelo de funcionamiento donde lo público y lo privado parecen diluirse peligrosamente. La posibilidad de que el acceso al Presidente haya sido ofrecido como un bien transable -con tarifas, condiciones y beneficios asociados- golpea de lleno el discurso oficial de transparencia y anticasta. Más aún cuando entre los compromisos discutidos aparecen beneficios regulatorios, influencia política y articulación directa con el aparato estatal. Por ahora, las respuestas no están claras. Pero los documentos, cada vez más, empiezan a dibujar un mapa incómodo. Uno donde las fronteras entre lobby, gestión pública y negocio privado parecen haberse corrido mucho más de lo que el Gobierno está dispuesto a admitir.
