Más "casta"
08 Mayo de 2026 12:32
La crisis que atraviesa Nucleoeléctrica Argentina S.A. sumó un nuevo capítulo explosivo. El fiscal federal Ramiro González imputó al ex presidente de la empresa estatal y ex asesor de Javier Milei, Demian Reidel, por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas durante su gestión. La investigación apunta a determinar si existieron "irregularidades penalmente relevantes" en la utilización y administración de la tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402 entre marzo de 2025 y febrero de 2026. La denuncia fue impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano y quedó radicada en el juzgado federal de Sebastián Ramos.
Además de Reidel, el fiscal también puso bajo la lupa a integrantes del Directorio, la Sindicatura y responsables del control interno de gastos de la compañía estatal. El caso comenzó a tomar dimensión tras la difusión de un documento incorporado en la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la diputada Florencia Carignano. El informe, titulado "Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402", detallaba movimientos en pesos y dólares realizados durante casi un año. Y los consumos encendieron todas las alarmas.
Según el dictamen fiscal, del análisis preliminar "surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa". Entre los gastos observados aparecen 45 compras en free shops por un total de 5.957 dólares y 1,1 millones de pesos; pagos a "Mar y Sombra SL", una empresa de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares; hoteles, indumentaria, vuelos internacionales y consumos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares. La investigación también detectó adelantos de efectivo por 56 millones de pesos.
El fiscal González advirtió además que la documentación aportada no permitía identificar quién había realizado cada gasto ni quién era el titular responsable de cada plástico utilizado. "El reporte no individualizaba al titular ni al usuario responsable de cada operación", sostuvo el dictamen. Tampoco existía -según señaló la fiscalía- una rendición documentada que justificara el destino institucional de esos consumos. Incluso, González remarcó que aunque algunos gastos hubieran sido efectuados durante viajes oficiales, podrían igualmente resultar incompatibles con las normas vigentes sobre viáticos y uso de fondos públicos.
La causa investiga posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Como primeras medidas de prueba, el fiscal pidió incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente e identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada. También solicitó información bancaria detallada sobre cada operación: fecha, comercio, concepto, importe y usuario responsable.
La imputación golpea de lleno a una figura que supo ocupar un lugar estratégico dentro del armado libertario. Reidel no solo presidió Nucleoeléctrica, sino que además fue uno de los hombres cercanos a Milei en temas económicos y tecnológicos. Su salida de la empresa, concretada en febrero de 2026, ya estaba rodeada de polémicas. La renuncia llegó en medio de denuncias por presuntos sobreprecios, contrataciones bajo sospecha y manejos opacos de fondos públicos. Uno de los episodios más resonantes fue la explosión del costo de un contrato tecnológico que pasó de 600 mil dólares a 7 millones.
Esta situación motivó denuncias judiciales impulsadas por Asociación Trabajadores del Estado. En aquel momento, Reidel intentó despegarse de las acusaciones denunciando una supuesta "operación" política en su contra. Pero la acumulación de investigaciones y escándalos terminó precipitando su salida de la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares del país. Ahora, la nueva causa judicial vuelve a colocar bajo sospecha la gestión libertaria en un área estratégica del Estado y profundiza las dudas sobre el uso de recursos públicos dentro de Nucleoeléctrica. Mientras el Gobierno insiste con su discurso de austeridad y ajuste.
