Alerta
El proyecto Sea Lion se prepara para avanzar con la explotación de hidrocarburos en aguas que rodean a las Islas Malvinas, dentro de un área cuya soberanía reclama la Argentina.
Detrás de Sea Lion hay dos compañías de escala intermedia que aceptaron asumir un riesgo político y comercial que las grandes petroleras internacionales prefieren evitar: el 65% del proyecto está en manos de Navitas Petroleum, una empresa israelí que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv. El 35% restante pertenece a Rockhopper Exploration, una compañía británica que cotiza en el mercado AIM de Londres.
El yacimiento está ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago donde Navitas es la operadora del área y tiene bajo su control las tareas vinculadas con el desarrollo y la futura producción. Por su parte, Rockhopper participa del proyecto desde las primeras etapas de exploración y mantiene activos relacionados principalmente con Malvinas, además de algunos intereses en Italia.
En diciembre de 2025, ambas compañías aprobaron la decisión final de inversión para avanzar con la primera etapa de Sea Lion. El desembolso previsto ronda los 1.800 millones de dólares, con un esquema de financiamiento que incluiría cerca de 1.000 millones de dólares en deuda.
La producción inicial fue proyectada para el primer trimestre de 2028, con una capacidad estimada de unos 55.000 barriles diarios. El plan contempla la perforación de pozos submarinos conectados a una unidad flotante destinada a producir, almacenar y descargar el petróleo.
Navitas estima que Sea Lion cuenta con reservas de aproximadamente 216 millones de barriles y recursos totales de 603 millones de barriles. Para Rockhopper, Sea Lion es el principal activo de su cartera y, en esta línea la compañía informó que el desarrollo continúa en marcha y que la primera producción de la Fase 1 sigue prevista para el primer semestre de 2028.
Navitas ingresó al proyecto en 2022, cuando adquirió a Harbour Energy el 65% de las licencias vinculadas con Sea Lion. Con esa operación, también asumió el control operativo del área.
Harbour Energy decidió desprenderse de su participación en el proyecto, pero no abandonó la actividad petrolera en la Argentina. En 2024 adquirió los activos de la alemana Wintershall Dea y pasó a reforzar su presencia en proyectos offshore frente a las costas de Tierra del Fuego, junto con TotalEnergies y Pan American Energy (PAE).
Las restricciones argentinas ya estaban vigentes
La Argentina no esperó al anuncio actual para cuestionar la actividad de Navitas. En 2022, bajo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner la Secretaría de Energía declaró ilegales las operaciones de la empresa vinculadas con Malvinas y dispuso su inhabilitación por 20 años para operar en el país.
La medida se apoyó en la Ley 26.659, que establece sanciones para las empresas que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas dentro de la plataforma continental argentina para evitar que empresas radicadas o con negocios en la Argentina colaboren con operaciones desarrolladas en áreas marítimas cuya explotación se considera ilegítima en el país.
