Las regulaciones eran "obsoletas o desproporcionadas", decía. Sesenta y seis días después de que Federico Sturzenegger flexibilizara las reglas de la navegación comercial en aguas argentinas, los problemas empezaron a salir a flote, y de la peor manera. Un remolcador paraguayo chocó contra la defensa del puente General Manuel Belgrano, que une Chaco y Corrientes, y las cinco barcazas que empujaba quedaron a la deriva por el Paraná. La Prefectura tuvo que montar un operativo y, de paso, volver a poner el límite que el ministro había sacado.
El incidente ocurrió el sábado 3 de octubre. El remolcador Tío Jan impactó contra la defensa flotante del puente, la desplazó de su lugar y rompió el amarre del convoy. Las cinco barcazas se soltaron y empezaron a navegar solas río abajo.

Prefectura logró recuperar primero tres. Las otras dos quedaron varadas a unos dos kilómetros, fuera del canal principal, y según el sitio especializado ArgenPorts fueron reflotadas horas más tarde. No hubo heridos, pero sí daños: además del desplazamiento de la defensa, se confirmó un impacto en uno de los pilotes, y todavía falta la evaluación estructural.
La reacción fue inmediata. Prefectura dispuso que los convoyes que crucen el puente no podrán superar los 180 metros de eslora y 50 metros de manga, según informó el sitio Aguas Seguras.

La ironía se escribe sola: la solución al problema fue reponer un límite. Justo lo que la desregulación había venido a eliminar.
El "quilombito" que Sturzenegger le compró a Milei
A fines de julio, el ministro flexibilizó la normativa de navegación con el decreto 690/2026, enmarcado en la Ley de Bases. El texto buscaba la "eliminación de regulaciones obsoletas o desproporcionadas", sumar prestadores y "modernizar" los estándares operativos y de seguridad del sector.
Entre otros cambios, eliminó restricciones de tamaño para las embarcaciones y modificó el régimen de practicaje y pilotaje, una actividad clave para navegar en puertos y ríos. Desde entonces, los prácticos pueden ser contratados libremente como profesionales independientes, igual que los servicios que los llevan y los traen de los barcos.

El choque no es el primer dolor de cabeza. La desregulación del practicaje desató un conflicto con los trabajadores del sector que, según se calcula, le costó al Estado unos 300 millones de dólares. El Gobierno tuvo que capitular y sentarse a negociar, aunque la mayor parte de las medidas siguió en pie.

El episodio enfureció a Javier Milei, que le aplicó a su ministro el castigo más duro del manual libertario: dejó de elogiarlo en las redes. Para un funcionario al que el Presidente llamaba "coloso", el silencio presidencial en X es casi una degradación.
Ni el conflicto millonario ni las barcazas sueltas parecen haber hecho mella porque, según fuentes del Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger planea volver a la carga con la desregulación del practicaje y, mientras tanto, la Justicia federal de Corrientes investiga qué pasó en el puente.