En defensa de los ingresos
20 Mayo de 2026 09:27
En un giro que implica reconocer el fracaso de años de ofensiva judicial contra jubilados, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió dejar de apelar las sentencias que declaran inconstitucional el cobro del impuesto a las Ganancias sobre haberes previsionales. La medida llega después de una larga serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cuestionaron el criterio sostenido por el Estado y advirtieron sobre el impacto confiscatorio que los descuentos tenían sobre jubilados en situación de vulnerabilidad.
La decisión quedó formalizada mediante la Instrucción General 4/2026 SDGASJ, donde el organismo admitió la existencia de una "reiterada jurisprudencia" de la Corte Suprema en favor de jubilados y pensionados. A partir de ahora, los representantes fiscales deberán dejar de presentar recursos extraordinarios y desistir incluso de apelaciones ya iniciadas que todavía no fueron resueltas. Detrás del tecnicismo judicial aparece una realidad más incómoda para el Gobierno: durante años el Estado insistió en sostener ante los tribunales un esquema tributario que la propia Corte consideró violatorio de principios constitucionales básicos.
El antecedente clave fue el fallo "García, María Isabel c/ AFIP", dictado el 26 de marzo de 2019. Allí, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco declararon la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias aplicados sobre jubilaciones. La demandante era una jubilada de 79 años con graves problemas de salud que sufría descuentos que llegaban hasta el 31,94% de sus ingresos previsionales. En ese fallo, la Corte sostuvo que "el envejecimiento y la discapacidad son causas determinantes de vulnerabilidad".
Además, advirtió que el sistema tributario no podía ignorar esas condiciones al momento de fijar cargas impositivas. Sin embargo, pese a ese pronunciamiento y a la continuidad de fallos adversos para el Estado, la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos siguió apelando causas similares durante años, obligando a miles de jubilados a continuar litigando para defender haberes ya deteriorados por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. La nueva resolución firmada por Gustavo Heber Paturlannes, subdirector general de Asuntos Jurídicos del organismo, reconoce implícitamente esa derrota judicial.
Según el texto oficial, la decisión busca evitar "mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional", ya que la Corte viene rechazando sistemáticamente las apelaciones oficiales. El problema de fondo, sin embargo, permanece intacto. La propia Corte Suprema ya había advertido en 2019 que el Congreso debía avanzar en una legislación específica que contemplara la situación diferencial de jubilados y pensionados. Siete años después, esa discusión sigue pendiente.
Mientras tanto, el Estado optó por retroceder en los tribunales, aunque sólo después de haber sostenido una estrategia judicial costosa y desgastante para quienes debieron enfrentar procesos judiciales para evitar que el impuesto redujera aún más ingresos previsionales muchas veces insuficientes para cubrir gastos básicos, medicamentos o tratamientos médicos. ARCA aclaró que la nueva postura no implicará abandonar todas las disputas judiciales.
El organismo continuará litigando cuestiones vinculadas a honorarios y costas y mantendrá excepciones para determinados expedientes, como causas impulsadas por asociaciones sin legitimación activa o casos donde considere que existen circunstancias particulares que permitan revertir el criterio judicial. De esta manera, mientras el Gobierno insiste con discursos de reducción del gasto y eficiencia estatal, durante años el propio aparato público destinó recursos a sostener una pelea judicial prácticamente perdida contra jubilados que reclamaban por descuentos que la Corte consideró incompatibles con la protección constitucional de sectores vulnerables. La medida representa un alivio para quienes todavía mantienen juicios abiertos, pero también funciona como reconocimiento tardío de una política que obligó a miles de adultos mayores a acudir a la Justicia para defender ingresos previsionales alcanzados por un tributo que el máximo tribunal cuestionó de manera reiterada.
