Otra persiana que baja
16 Abril de 2026 09:44
La postal es contundente: una de las marcas más emblemáticas de la industria alimentaria argentina, SanCor, pidió su propia quiebra. El gesto, que formaliza un deterioro que lleva años, no sólo refleja el colapso de la cooperativa sino que se inscribe en un contexto más amplio de desintegración del entramado productivo nacional. La solicitud fue presentada ante el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela que lleva adelante el concurso de acreedores.
Cabe destacar que la empresa arrastra una deuda de unos 120 millones de dólares. Desde la Atilra advirtieron: "Luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la co Administradora designada por el Juzgado, coincidentes todo en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra".
Lejos de interpretar la medida como un punto de inflexión, el gremio la calificó como un reconocimiento tardío de una situación que ya era inocultable. "No agrega ni quita nada, resultando a esta altura un gesto irrelevante que pone fin a una tozuda postura que negaba la realidad", señalaron. Y fueron más allá al denunciar que la empresa se sostuvo "con el patrimonio de los trabajadores a quienes les deben 8 meses de sueldos más aguinaldos".
El cuadro que describen los informes judiciales es crítico. El juez Marcelo Germán Gelcich ya había dispuesto la intervención de la cooperativa ante reiterados incumplimientos. Entre las irregularidades detectadas aparecen la "reticencia informativa" -falta de datos claros sobre producción, contratos y flujo de ingresos- y una profunda "crisis laboral y previsional", con salarios impagos desde mediados de 2025 y denuncias por recibos con datos presuntamente falsos para evadir aportes.
El derrumbe de SanCor, sin embargo, no es un hecho aislado. Funciona como síntoma de un proceso más amplio que atraviesa a la economía argentina. Según datos de la organización Fundar, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023 cerraron 24.180 empresas en todo el país, una caída que no sólo es significativa en términos absolutos, sino que se destaca por su velocidad. El informe "Monitor mensual de empresas", elaborado en base a registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, muestra que el retroceso supera incluso los niveles registrados durante la crisis de 2001 y la pandemia de 2020.
Pero con una diferencia clave: se produce en los primeros 26 meses de gestión, un período en el que históricamente se esperaba estabilización o recuperación. La contracción no es homogénea, pero golpea con especial fuerza a los sectores ligados al mercado interno. El transporte perdió casi 5.900 empresas, el rubro inmobiliario más de 3.400 y la construcción cerca de 2.000. En la industria manufacturera, actividades como cuero y calzado, madera e indumentaria registran caídas de hasta dos dígitos. El impacto territorial también es desigual, aunque generalizado. Provincias como La Rioja, Catamarca, Chaco y Tierra del Fuego encabezan las pérdidas.
Por otro lado, sólo Neuquén muestra cierta estabilidad, sostenida por la actividad en Vaca Muerta. Detrás de estas cifras hay un patrón claro: la desaparición masiva de pymes y microempresas, que carecen de espalda financiera para soportar la caída del consumo y el aumento de costos. A diferencia de las grandes compañías, estas unidades productivas dependen casi exclusivamente del mercado interno y quedan expuestas a cada sacudón macroeconómico.
En ese contexto, el caso SanCor adquiere un valor simbólico. No se trata sólo de la caída de una empresa histórica, sino de la evidencia de un modelo económico que, en su fase actual, no logra sostener el tejido productivo. Desde Atilra plantearon que la quiebra "no constituye un final sino un comienzo de una nueva etapa", en la que la marca podría renacer sin la estructura que la llevó al colapso. Sin embargo, ese eventual renacimiento dependerá de un contexto económico que hoy parece ir en sentido contrario.
