Luchar sirve
La historia empezó mucho antes de que su nombre se gritara a viva voz en las calles de Madrid. En 1956, los padres de María del Carmen Abascal alquilaron el departamento de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el barrio de Retiro; Maricarmen tenía entonces 17 años. Allí transcurrió su vida adulta, ahí también vivió con sus padres y allí murieron. Tras el fallecimiento de su padre, el contrato pasó a su madre y, cuando ella murió en 2005, Maricarmen continuó como inquilina.
Durante décadas, el "alquiler de renta antigua" le permitió permanecer en la vivienda pero el escenario cambió en 2018, cuando el inmueble fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL que cuestionó que Maricarmen pudiera subrogarse en el contrato y reclamó su finalización. Después propuso un alquiler que superaba lo que la mujer podía pagar con su pensión. Maricarmen, de 87 años y con una discapacidad reconocida del 50%, siguió abonando el alquiler que venía pagando.
El conflicto se convirtió en una batalla judicial. En primera instancia, Maricarmen obtuvo una resolución favorable, pero la Audiencia Provincial de Madrid la revocó y el Tribunal Supremo terminó dando la razón a la propiedad: la orden de desalojo pudo así ejecutarse. Hubo intentos anteriores que fueron suspendidos; el del miércoles 23 de septiembre fue el cuarto y definitivo.
La víspera, vecinos, activistas y miembros del Sindicato de Inquilinas de Madrid se concentraron ante el edificio. "Maricarmen no se va" y "Maricarmen no estás sola", gritaban quienes buscaban frenar el desahucio mediante una resistencia pacífica. La movilización creció mientras la historia de la jubilada se propagaba por España: para muchos se discutía qué protección tiene una persona mayor cuando su casa queda atrapada entre una orden judicial y un alquiler imposible.
El operativo policial despejó el acceso al inmueble y la comisión judicial ejecutó el lanzamiento. Maricarmen salió en camilla y fue trasladada a un hospital público. Permaneció internada, entre otros motivos, por agotamiento y ansiedad, mientras sus pertenencias quedaron dentro del departamento. La abogada Beatriz Duro había pedido tiempo para que pudiera retirar sus cosas y denunció: "Se negaron a darle unas horas para sacar sus cosas".
La conmoción no se apagó con el desalojo. Hubo protestas y un campamento en la Puerta del Sol para exigir tanto el regreso de Maricarmen como cambios en las reglas de alquiler y desahucio. Días después, su familia, su abogada, el Sindicato de Inquilinas y la empresa propietaria alcanzaron un acuerdo para que pudiera volver con un nuevo contrato y una renta similar a la anterior.
Duro habló de "buena voluntad por ambas partes" y sostuvo que el pacto era el "resultado de la movilización social". El acuerdo, según la información disponible, todavía debía ser ratificado por Maricarmen cuando estuviera en condiciones de hacerlo: se abrió una puerta para que pueda volver, pero no correspondía presentarlo como un regreso ya consumado.
Qué plantea el "Decreto Maricarmen"
El paquete anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez contempla extender hasta el 31 de diciembre de 2028 contratos de alquiler vigentes, regular los alquileres temporarios y por habitaciones y suspender los desalojos hasta 2030, además de limitar la compra de viviendas por parte de fondos de inversión. La renovación automática de los contratos aparece en la información aportada como una medida que se implementaría mediante otro decreto.
La discusión ocurre en un país donde los alquileres suben sin parar, los salarios pierden capacidad de compra y la oferta de vivienda no alcanza para responder a la demanda. El Banco de España estima un déficit de cientos de miles de viviendas, mientras organizaciones de inquilinos reclaman más protección ante los desalojos y la renovación de contratos.
Es en este contexto, la historia de Maricarmen condensó una angustia extendida: la de quienes llevan años en una casa y, aun así, pueden quedar fuera de ella cuando el alquiler se vuelve impagable. Su caso consiguió una tregua y puso el problema en la agenda; la discusión ahora es si esa presión se traducirá en protección duradera para otros y otras inquilinas.
