El abogado de la familia de Loan, Fernando Burlando, se mostró contundente sobre que la Justicia correntina tiene implicancia negativa en el caso y criticó a los fiscales que intervinieron en los primeros días de la causa: "El ex comisario Walter Maciel era muy amigo del fiscal, entonces arrancamos muy mal".

En diálogo con Josefina Pouso por Hermosa Mañana, Burlando sentenció: "El objetivo más importante es cuidarlo a Loan en todo sentido. No solamente con las acciones de búsqueda. Lo único que importa es que aparezca, aunque  la Justicia no crea lo mismo".

A su vez, fue crítico respecto a la actuación de los primeros fiscales que tuvo el caso: "Los que intervinieron en primer término no tuvieron sentido común. Tal vez están tan involucrados que se hace difícil".

Walter Maciel era muy amigo del Fiscal, entonces arrancamos -1000, muy mal"

Con respecto al polémico tweet del gobernador Gustavo Valdés sobre la declaración de Laudelina: "Fue un loco o una persona que no quería que se investigue".

"Se huele un clima de rareza. Son todos soberanos a los que le meten miedo. No es solo una sensación mía; los medios molestan de verdad. Hubo amenazas. Haciendo un vistazo a la topografía, te hace darte cuenta de que encontrar a Loan en el lugar no demoraba más de 15 minutos", destacó.

En este marco, Burlando ratificó: "Hay una notoria obsecuencia del Poder Judicial con el político. Da asco. Estos hechos generan que muchos jefes desaparezcan del cuerpo policial. Acá ni siquiera investigaron a los sub alternos, a los del trabajo sucio...es como que nada".

Jorge Castillo, más conocido como el "Rey de La Salada" por su histórico rol en la feria de Ingeniero Budge, declaró el pasado miércoles luego de ser detenido por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y evasión impositiva. La causa investiga depósitos en efectivo realizados durante cuatro años por más de $33.000 millones.

Por el momento, además del empresario, también están detenidos su esposa, su suegra y su hijo menor, Manuel. La causa está a cargo de la fiscal federal Cecilia Incardona. Una fuente cercana al expediente aseguró al medio Infobae: "Confesó todo".

Según esa misma fuente, Castillo "siente que está todo bien, que hizo todo perfecto". Su declaración ante el juez Luis Armella y la fiscal Incardona se extendió por tres horas en el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora. Allí afirmó que "comanda la firma Punta Mogote", que gestiona el cobro de alquileres en los locales de la feria mediante empleados que recaudan el efectivo, cobrando $150.000 por día por cada puesto. También reconoció que les paga un "adicional" a tres policías, aunque no reveló sus identidades.

El empresario habló además sobre la venta de ropa falsificada. Ante la consulta de las autoridades sobre si él mismo comercializa marcas truchas, respondió: "Yo no lo sé. De revisar se encarga la Policía".

Según un documento clave en la causa, los negocios de Castillo generaron depósitos en efectivo por al menos $26.000 millones durante los últimos cuatro años, todos vinculados a la explotación de Punta Mogote S.C.A., la principal empresa de La Salada. En los allanamientos realizados, los investigadores hallaron que la familia posee 37 inmuebles, 132 vehículos y una embarcación. Solo Castillo y su pareja eran titulares de 18 inmuebles, 17 vehículos y una lancha.

Aunque declaró durante horas, el acusado no se reconoce culpable de los delitos que se le imputan. Desde su entorno creen que su testimonio podría jugar a su favor.

Por su parte, su hijo Manuel, de apenas 19 años, también está imputado. Según la causa, recibió $749.558.552,52 en su cuenta bancaria y era titular de seis vehículos. Se entregó en la sede de la Policía Federal en la calle Moreno, acusado de formar parte del entramado económico de su padre.

Tras la declaración de Jorge Castillo, la fiscal Incardona autorizó la reapertura de "Urkupiña", una de las ferias de La Salada con más de 2.500 puestos, actualmente liderada por el prófugo Enrique Antequera. La condición impuesta es que se cumpla el plan de blanqueo impulsado por el Gobierno y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), con una "fiscalización semanal" y el "registro obligatorio de cada comerciante dentro de la categoría fiscal correspondiente".