Crisis institucional
El brutal femicidio de Agostina Vega movió los cimientos de la Municipalidad de Córdoba, tras quedar las graves falencias en los controles internos y provocando una serie de renuncias en el gabinete del intendente Daniel Passerini.
Entre los funcionarios más señalados están Iván Contreras, exdirector general de Tránsito, y Eduardo Ramírez, exsecretario de Tránsito y Movilidad, quienes presentaron sus renuncias tras salir a la luz sus presuntos vínculos vecinales y de militancia con el principal imputado en el femicidio de Agostina, Claudio Barrelier.
Según confirmó Rodrigo Fernández, secretario de Gobierno municipal, ambas renuncias fueron aceptadas de inmediato, destacando que ninguno de los dos pertenecía a la planta permanente del municipio, lo que facilitó su desvinculación total.
Sin embargo, el impacto va más allá de estos dos nombres. Según Fernández, el intendente recibió ya 13 renuncias en los últimos días, y no se descarta que la reestructuración alcance a más funcionarios. "Incluso, debo decirle Juan y Miguel, yo soy uno de los secretarios que no conozco si las reestructuraciones me van a alcanzar, dicho por el mismo Intendente frente a estas situaciones", reconoció el secretario de Gobierno, a Cadena 3.
El caso Barrelier pone en tela de juicio los mecanismos de control interno de la Municipalidad porque según trascendió, el imputado había estado detenido hace un año por privación ilegítima de la libertad, un antecedente grave que no fue comunicado oportunamente a las autoridades municipales. Fernández admitió que hubo una "grave vulnerabilidad" en los filtros internos y señaló que "la falta de comunicación formal" impidió que se tomaran medidas preventivas antes de que ocurriera el trágico desenlace.
Barrelier, quien se desempeñaba como "becario" en el municipio, fue expulsado inmediatamente tras conocerse su implicación en el caso. No obstante, Fernández reconoció que los procesos para separar a empleados de planta permanente son mucho más lentos debido al marco normativo vigente por lo que en respuesta, el Ejecutivo envió una ordenanza al Concejo Deliberante para reformar los procedimientos y agilizar los tiempos de control sobre los empleados municipales.
El caso también ha sacado a la luz irregularidades en los controles comerciales vinculados al bar donde trabajaba Barrelier, "Wachitas". Según Fernández, el establecimiento acumulaba reiteradas clausuras por problemas de higiene y seguridad, aunque se había regularizado su situación administrativa. Sin embargo, volvió a ser clausurado al no cumplir con las condiciones mínimas requeridas.
Cuando se le consultó sobre la identidad del dueño del bar, Rodrigo Fernández afirmó no disponer de esa información, aduciendo que no está a cargo del área de fiscalización. Sin embargo, prometió colaborar con la investigación para esclarecer todos los aspectos del caso.
