En la mira
02 Diciembre de 2025 08:06
La causa por corrupción que sacude al sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires volvió a escalar con la citación a indagatoria del ex ministro de Transporte Jorge D'Onofrio. El fiscal Álvaro Garganta lo convocó para el próximo 15 de diciembre, imputado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en un expediente que ya acumula allanamientos, embargos, empresarios involucrados y la sospecha de un entramado delictivo que operó durante años a la sombra del Estado. La investigación no sólo apunta a D'Onofrio -que integró el gabinete de Axel Kicillof hasta 2024- sino también a una extensa red compuesta por funcionarios, gestores, empresarios y jueces de faltas. Según la denuncia que dio origen al expediente el 5 de septiembre de ese año, tanto el ex ministro como la concejal Pilar Pombo lideraban una "estructura criminal con división de roles" destinada a desviar fondos del sistema de multas bonaerense.
El corazón del esquema era un mecanismo aceitado de retornos, sobornos y "gestiones express" que permitían a los infractores obtener "descuentos del 50% o la eliminación de multas a cambio de un pago". La operatoria habría provocado un perjuicio colosal: entre 4 y 10 millones de dólares mensuales para Secutrans, la empresa encargada de administrar las fotomultas. También fueron citados a declarar Sebastián Desio, Martín Hernán Serrano, Germán Rebolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss, todos vinculados a contratos de VTV bajo sospecha.
Siete empresas habrían sido obligadas a contratar a Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., que cobraba una comisión del 8,5% más IVA por cada turno asignado. Y eso era apenas una parte del engranaje. La Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) atraviesa su peor crisis. Considerada por la Justicia como una "pantalla" para operaciones irregulares, la entidad dirigida por Bernardino García está involucrada en múltiples expedientes por "manejos turbios", recaudación paralela y presión a funcionarios municipales.
Una pieza clave surgió cuando la Justicia accedió al contenido del teléfono celular de García, revelando vínculos comprometedores con D'Onofrio y conversaciones que reconstruyen una red que, lejos de mejorar la seguridad vial, funcionaba como una maquinaria privada de recaudación. Uno de los puntos más graves es el uso de más de 150 cinemómetros sin la homologación del INTI. Esto invalida miles de multas y podría obligar a los municipios a devolver lo recaudado, golpeando de lleno financias locales donde esos ingresos representan hasta el 20% de los recursos corrientes. "Lo grave es que están defendiendo un sistema de recaudación irregular que afecta directamente a los municipios y al bolsillo de los contribuyentes", advirtió un intendente del conurbano en diálogo con REALPOLITIK..
Además, señaló que la ofensiva mediática de CECAITRA busca tapar el desastre con operaciones de prensa y expedientes archivados. Mientras los allanamientos avanzan -incluida la sede de CECAITRA, la casa de García y dependencias de la UTN La Plata- la entidad desplegó una ofensiva de comunicación para instalar un relato alternativo. Periodistas recibieron llamados con ofertas "más cercanas a la pauta que a la transparencia", según reconstruyeron fuentes oficiales.
La maniobra intentó desacreditar a las autoridades del Ministerio de Transporte bonaerense, que bajo el mando de Martín Marinucci iniciaron una auditoría que destapó transferencias irregulares, CUIT y CBUs sospechosos y convenios triangulados con universidades. Varios municipios, entre ellos San Isidro, Tigre, General Rodríguez, Lobos, Dolores y Las Heras, comenzaron a suspender o revisar sus contratos con CECAITRA. El Tribunal de Cuentas también pidió explicaciones formales.
La investigación -incluyendo el expediente PP-00-056058-23/00 por "fraude en perjuicio de la Administración Pública"- afecta no sólo a funcionarios y empresarios: también salpica a jueces provinciales. Entre los nombres involucrados figuran Mario Quattrochi, Alicia Parente, Marcelo Peralta y Miriam Roldán, todos señalados por resolver infracciones "a cambio de sobornos que oscilaban entre el 25% y el 50% del valor de la multa". La Justicia secuestró computadoras, teléfonos y documentación que podría agravar la causa a asociación ilícita con participación de funcionarios públicos, un delito que contempla penas de 5 a 20 años de prisión.
Todo indica que la trama de corrupción que envolvió al sistema de infracciones, VTV y fotomultas durante años está frente a un punto de quiebre. Con imputaciones en curso, contratos revisados, municipios en retirada y un fiscal decidido a avanzar, el blindaje político que protegió a D'Onofrio y CECAITRA parece desmoronarse.
