De no creer
01 Octubre de 2025 15:19
El último martes la fundación Bio Animalis de San Francisco, Córdoba, sufrió un nuevo revés en su misión de funcionar como santuario para caballos que son abandonados, luego de que desde la Intendencia que encabeza Damián Bernarte le exigieran ciertos requisitos imposibles para poder realizar la habitual peña que organizan con el fin de recaudar fondos. Desde la ONG denunciaron que llevan más de un año enfrentándose al mandatario local, quien intenta perjudicarlos de forma constante desde hace un año.
"Nos quieren quebrar. Nos piden una serie de requisitos que son imposibles de cumplir para una peña: que contratemos adicionales de la Policía durante toda la noche, servicio médico de emergencia y permiso municipal", repasó ante BigBang Gretel Monserrat, la titular de Bio Animalis. La mujer, además, enumeró los distintos hechos que expusieron cómo desde la Intendencia los "tomaron de punto".
Antes de esta decisión para impedir el financiamiento, hubo muchas cosas, aunque la más importante fue el acta que les labraron en la cual les dan 20 días para desalojar a los animales que tienen en la fundación. "Llamaron al espacio de la institución como 'baldío' y hablaron de limpieza de los caballos, como si fuesen basura", rechazó Monserrat. Aunque los hilos de la decisión se vieron a partir de otros antecedentes que revelaron que la buena relación que los unía con el Municipio había desaparecido.
Lo más paradójico de todo esto que el intendente Bernarte es el que peor imagen tiene de toda Córdoba, de acuerdo a un reciente estudio de la Consultora CB que publicó el diario Perfil. El dirigente, que cuenta con anécdotas muy contundentes como haber perdido un riñón por el disparo de un odontólogo que lo encontró con su pareja, es el que más bajo mide en cuestiones de imagen positiva. Algo que es un problema para el gobernador Martín Llaryora, con quien está alineado.
La bronca de Bernarte creció en el último tiempo a partir de ciertos hechos. El más reciente fue cuando Bio Animalis comenzó a mostrarle a los vecinos a dónde llevaban a los caballos que secuestraba la gestión: al basurero municipal. Además señalaron que, para hacerlo, utilizaban una ordenanza de 2001 -la 5008-, para omitir una más reciente -la 7118- que obligaba a trasladar estos equinos a la Fundación.
Antes, cuando el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (SENASA) emitió una alerta nacional por encefalomielitis equina, también salieron a cuestionar el accionar gubernamental. "Nosotros evidenciamos que el Municipio no estaba tomando las medidas adecuadas para evitar la muerte de los caballos", recordó Monserrat.
Fue en ese marco que se dio otra situación que complicó la relación, que era tan buena al punto de que en 2022 Bernarte había visitado el predio que hoy busca desalojar. En la víspera de la Navidad de 2023, Monserrat fue convocada por la Policía local porque un caballo había colapsado en plena vía pública. Los efectivos la llamaron porque, sin ser del gobierno, siempre se contactaban con ella en este tipo de situaciones. Aunque en esa oportunidad, no hubo nadie más que contestara el llamado gubernamental.
Monserrat fue con un veterinario que comprobó que el equino tenía encefalomielitis y que sugirió la eutanasia, porque era algo que no tenía retorno. Fue recién después de ejecutar la decisión que aparecieron la jueza de Faltas municipal, Rosana Chevalier, y el director de SENASA, Andrés Balkenende, con quienes se cruzó por no haber aparecido antes.
Cuando esto sucedió, la fundación venía de su primer conflicto con el Gobierno municipal, a partir de la denuncia que realizaron por la muerte de dos equinos en el Hipódromo local, a partir de las famosas carreras cuadreras que se realizan en distintos pueblos del interior. Pero la frutilla de este postre que quiere terminar con la función de Bio Animalis fue la decisión de que el rally pase por la puerta del santuario, con todo el estrés que significa para los caballos. "Sufrimos una constante presión. Algunas de estas conductas son evidentes y otras ocultas", declaró Monserrat.
La trama política la completan las relaciones de Bernarte. Su esposa, Silvana Quaglia, es fiscal de Delitos Complejos de San Francisco, una curiosa decisión que suma incongruencia a la polémica trayectoria del mandatario. A su vez, la jueza Chevalier está casada con un abogado que fue nombrado por el propio gobernador como jefe de asesores letrados de la provincia, Néstor Gómez, mientras que el responsable del SENASA local es, también, presidente del Jockey Club de la ciudad.
Por otro lado, los apoyo recibidos por Bio Animalis crecen día a día por parte de figuras y personalidades del animalismo y este tipo de actividades, tal como se demuestra en el reciente video emitido por la entidad ante el prometido desalojo que busca el Gobierno municipal. Aunque, al igual que la vida de los caballos que recuperan día a día allí, a esta ONG parece que todavía le queda mucho terreno por andar.
"El verdadero negocio"
La "cacería de los caballos" que desde la gestión de Bernarte hicieron con la aplicación de la ordenanza 5008 tiene un costado económico. En la demostración de esto trabaja la periodista de investigación Gabriela Gatica Ruiz. "El verdadero negocio que se descubrió es la plata que se mueve con las transacciones con los frigoríficos", reveló ante BigBang, mientras que advirtió sobre casos en los que "cortan los alambrados de campos privados para robar el ganado equino y venderlo para faena".
Mientras que antes debían ser trasladados a Bio Animalis, tras unos días en que nadie los reclamara, ahora a los equinos secuestrados "los dejan ahí para después entregarlos a unos empleados municipales". Según Gatica Ruiz, el destino de estos es la venta y, "si están en muy mal estado y no pueden trabajar", se venden a los frigoríficos linderos de la provincia de Santa Fe, con la cual San Francisco limita.
"El kilo de caballo vivo lo compran 1.500 pesos. Uno en mal estado puede pesar 320, 350. Aunque en buenas condiciones puede llegar a 600. Para ellos, cada animal es un negocio que va de los 480 a los 900 mil pesos", explicó Gatica Ruiz, quien recordó que desde Bio Animalis hicieron "frente al municipio con presentaciones judiciales", pero que la Legislatura oficialista y la falta de imparcialidad del sistema judicial local "hacen más imposible la lucha".
"Al dueño del predio que presta comodato a la fundación le metieron miedo y, aunque quedan dos años de contrato, el hombre quiere darlo de baja por posibles multas y otras acciones que pudiera sufrir. Aunque, en realidad, les tiene que notificar con 120 días de antelación", indicó Gatica Ruiz. "Está en una zona rural en donde no molesta a nadie. A la par hay tambos, una huerta, un criadero de pavos reales, caballos en potreros, otros tienen criadero de cerdos. Bio Animalis no es la única. Pero sí es la única que quieren desalojar por ensañamiento", remarcó.
