Hasta las manos
30 Julio de 2025 10:22
El presidente Javier Milei quedó involucrado en una demanda colectiva que se tramita en una corte federal de Nueva York, donde se lo acusa de haber emitido una "declaración promocional altamente engañosa" en relación con el criptoactivo $LIBRA. Según los impulsores del reclamo judicial, las acciones del mandatario contribuyeron a dar una "falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental" al token, lo que llevó a que "decenas de miles de consumidores razonables fueran engañados".
Según detalló el periodista Hugo Alconada Mon, la acusación figura en un escrito presentado por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin ante la jueza federal Jennifer Rochon, en el que solicitan prolongar el congelamiento de más de 57 millones de dólares depositados en billeteras virtuales controladas por Hayden Davis, el empresario estadounidense detrás del fallido proyecto. El pedido apunta a evitar que los fondos desaparezcan mientras avanza el proceso judicial.
Aunque por ahora la imputación contra Milei no tiene consecuencias legales inmediatas, el presidente argentino enfrenta un riesgo latente. Si la demanda colectiva prospera, podría abrirse la puerta a nuevos reclamos civiles, e incluso a acciones que involucren al Estado argentino. El escrito de 25 páginas, al que accedió el diario La Nación, focaliza su denuncia en Davis y su firma Kelsier Ventures, responsables del meteórico ascenso y colapso del memecoin $LIBRA, lanzado el 14 de febrero.
También involucra a Benjamin Chow, vinculado a la plataforma Meteora, a quien se acusa de facilitar el fraude "desde las sombras" y de beneficiarse económicamente. "La conducta inculpatoria de los acusados deja claro el riesgo inminente de un daño irreparable", sostienen los abogados. Como ejemplo, citan que Davis prometió reinvertir el 100% de los fondos recaudados, pero en lugar de eso reembolsó selectivamente cinco millones de dólares a Dave Portnoy, CEO de Barstool Sports, mientras descartaba públicamente reembolsos al resto de los inversores.
Los demandantes también denuncian movimientos sospechosos con los activos digitales, como el lavado de fondos a través de múltiples billeteras, intentos de transferencias a la Argentina bajo el pretexto de colaborar con la iniciativa "Viva la Libertad", y la negativa de Davis a ceder el control de los recursos, incluso a un tercero de confianza. "Dice que su única ventaja es tener todo este dinero", remarcan.
En ese contexto, la jueza Rochon deberá decidir en una audiencia prevista para el 19 de agosto si mantiene el congelamiento de fondos o accede al pedido de Davis para recuperarlos. El empresario ya solicitó que el caso se traslade a Texas, alegando no tener vínculos con Manhattan. Pero los abogados de la demanda colectiva se oponen: afirman que uno de los acusados, Benjamin Chow, reside en Nueva York, lo que justificaría la jurisdicción de Rochon.
Otro punto central es el intento de Davis de transferir 500 millones de tokens $LIBRA a la Argentina, como parte de una estrategia para demostrar "buena fe" y cerrar una causa penal que lo investiga en los tribunales de Comodoro Py. Para los abogados, se trata de una maniobra que pone en peligro los activos y sugiere una intención de ocultarlos. "Las conexiones internacionales de los demandados demuestran un mayor riesgo de que transfieran los activos a entidades offshore organizadas en ubicaciones desconocidas", advierten. Mencionan contactos en Medio Oriente, Singapur, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y Vietnam.
Burwick y Hoppin recuerdan que "decenas de miles de inversores perdieron más de 280 millones de dólares en un fraude coordinado" y que los acusados intentan ahora "hacer la vista gorda" y mover los activos digitales como si fueran dinero en efectivo almacenado en una bóveda. Por eso, reclaman preservar los fondos congelados mientras dure el proceso judicial. El caso pone a Javier Milei en una posición incómoda a nivel internacional. Aunque por ahora el señalamiento es de carácter civil y no penal, su aparición en un escrito judicial de una corte federal de Estados Unidos en el marco de un escándalo financiero internacional no es un hecho menor. Si se comprueba que su respaldo público a $LIBRA fue parte de una maniobra para inducir a error a miles de pequeños inversores, el costo político y diplomático podría ser significativo.
