¡Qué distraído!
15 Abril de 2026 09:45
La situación patrimonial de Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una omisión que expone más interrogantes que respuestas. De acuerdo con lo informado por el diario La Nación, la casa adquirida por su esposa, Bettina Angeletti, en el country Indio Cua no fue incluida en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, pese a que la normativa exige declarar también los bienes del cónyuge.
La propiedad, comprada el 15 de noviembre de 2024, debió haber sido consignada en el anexo reservado del funcionario, pero ese documento directamente no fue presentado junto a la declaración pública que Adorni entregó el 4 de agosto del año pasado. Recién este mes, y con la causa por presunto enriquecimiento ilícito ya en marcha, el jefe de Gabinete incorporó la información omitida. Sgún fuentes oficiales, la corrección se produjo después de que la Justicia solicitara a la OA la totalidad de la documentación presentada por el funcionario. Es decir, no fue una rectificación espontánea, sino una reacción frente al avance judicial.
El material actualizado ya fue remitido al juzgado de Ariel Lijo y a la fiscalía de Gerardo Pollicita, quienes investigan si existió un incremento patrimonial injustificado. La Ley de Ética Pública es clara: los funcionarios deben declarar no solo sus bienes, sino también los de su cónyuge, incluso aquellos que no son gananciales. La omisión de esta información puede acarrear consecuencias administrativas e incluso penales si se comprueba que fue maliciosa. El artículo 268 (3) del Código Penal establece que "será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua" quien omita presentar o falsee datos en su declaración jurada.
Aunque la clave está en probar la intencionalidad, el contexto en el que se produce esta "corrección" complica la defensa oficial. En este caso, Adorni podría sostener que subsanó el error al presentar el anexo faltante. Sin embargo, el momento en que lo hizo -solo después de que la investigación judicial lo obligara a hacerlo- abre dudas sobre si se trató de un descuido o de una estrategia para mantener fuera del radar un activo relevante.
La casa de Indio Cua no es un dato aislado, sino parte de un entramado patrimonial que genera cada vez más preguntas. Según consta en la causa, el inmueble fue adquirido con financiamiento: un préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos mujeres, con una tasa del 11% anual y a devolver en 24 meses. La operación fue gestionada por la escribana Adriana Nechevenko, quien declaró que presentó a las prestamistas a pedido del propio Adorni.
El crédito fue garantizado con otro inmueble del matrimonio, lo que evidencia una ingeniería financiera que ahora está bajo la lupa judicial. Las acreedoras -una comisaria retirada y su hija- confirmaron que hasta el momento se devolvieron 30.000 dólares. Pero el foco no está solo en cómo se compró la propiedad, sino en por qué no fue declarada a tiempo. El periodista de investigación Hugo Alconada Mon fue contundente al analizar el caso: "Todo funcionario público tiene que presentar la declaración jurada al momento de ingresar a la función pública, una vez por año, con una fecha tope, más una declaración jurada de salida".
Y remarcó: "Para que quede claro, cuánto tenías cuando entraste, cómo fue evolucionando tu patrimonio y cómo era tu patrimonio cuando te fuiste. En el caso de Manuel Adorni, había omitido, no había presentado el anexo reservado. Vamos a aclarar también que todo funcionario público tiene que presentar una declaración jurada que en parte es visible, no todo, de sus propios bienes, Pero además tiene que presentar un anexo reservado con lo que aparece a nombre de su pareja. En el caso de Adorni, había presentado lo propio, había omitido lo de su pareja. Y entonces ahora, una vez que comenzó la investigación judicial, él la presentó".
El periodista dialogó con María O'Donnell en Urbana Play y afirmó que el jefe de Gabinete hizo lo que correspondía cuando "el fiscal y el juez" comenzaron "a pedir información". "Hasta que no saltó la investigación judicial y hasta que no quedó ante la obligación de decir dónde están estos papeles, recién ahora presentó los papeles. La hipótesis para la fiscalía es hasta dónde acomodaste los papeles para, más o menos, sostener tu defensa", señaló Alconada Mon. También dejó planteada una duda política de fondo: "¿Realmente están informados de absolutamente todo el presidente y la secretaria general de la presidencia?".
La pregunta apunta directamente a Javier Milei y Karina Milei, quienes sostienen públicamente a Adorni en su cargo. Si estaban al tanto, el costo político es por avalar la situación. Si no lo estaban, el problema es aún más profundo: una falta de control interno en los niveles más altos del Gobierno. La causa también pone bajo la lupa la evolución del patrimonio familiar.
En su primer año como funcionario, Adorni y su esposa habrían incorporado una casa en un country, un departamento en Caballito y una camioneta, además de mantener otras propiedades. Todo esto con ingresos declarados que, según distintos análisis, resultarían difíciles de compatibilizar con ese nivel de adquisiciones. El contraste entre los valores de mercado y los montos declarados agrega otro elemento de sospecha.
