26 Enero de 2026 08:48
La crisis que sacude a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) ya no puede leerse como un conflicto administrativo aislado. La denuncia por presuntas irregularidades en una licitación de limpieza en las centrales nucleares de Atucha abrió una caja de Pandora que combina sospechas de sobreprecios millonarios, direccionamiento de contratos, internas feroces y silencio político en uno de los sectores más sensibles del Estado.

En el centro del escándalo aparece Demian Reidel, presidente de la compañía, economista y físico con pasado en el Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger y hoy uno de los asesores económicos más cercanos a Javier Milei. En la interna libertaria es considerado un cuadro técnico de alto perfil ideológico, con influencia directa sobre áreas estratégicas como la energía y el sector nuclear. Su figura, sin embargo, quedó seriamente comprometida tras la denuncia que alertó sobre una licitación que habría implicado un sobreprecio superior al 140% respecto del contrato vigente y de los valores históricos del servicio.
El proceso cuestionado corresponde a la contratación del servicio de limpieza en áreas sensibles de Atucha I y II, zonas con riesgo radiológico donde los estándares técnicos y de seguridad resultan críticos. Según la denuncia interna presentada por el gerente de planta, Juan Pablo Nolasco Sáenz, el procedimiento estuvo plagado de irregularidades: cambios en los requisitos de admisibilidad, plazos llamativamente exiguos y criterios técnicos que redujeron drásticamente la competencia.
De nueve empresas oferentes, solo dos -LX Argentina y La Mantovana Servicios Generales- superaron el análisis técnico inicial. Sin embargo, días después apareció incorporada Limpiolux en la etapa económica, pese a no haber sido evaluada técnicamente por el área requirente, un hecho que encendió todas las alarmas internas por la ruptura de la trazabilidad y del debido proceso administrativo. Las tres firmas presentaron ofertas muy por encima de los valores vigentes. La de LX Argentina, aunque era la más baja dentro de ese grupo, superaba en al menos un 140% el costo del contrato en ejecución.

De haberse concretado, la adjudicación habría generado un perjuicio económico significativo para la empresa estatal. La presentación de Nolasco ante el Comité de Integridad fue contundente. Allí denunció presiones internas, intentos de reformular informes técnicos ya emitidos y pedidos explícitos para "justificar" económicamente ofertas más caras. También advirtió sobre intervenciones de áreas sin competencia técnica directa y llamados reiterados con carácter de urgencia, un combo que terminó de detonar la crisis. La reacción del directorio fue inmediata, pero insuficiente para contener el conflicto.
La licitación fue frenada y se resolvió apartar de sus funciones al gerente general Marcelo Famá y al gerente de Coordinación Administrativa Hernán Pantuso, ambos designados por Reidel y considerados hombres de su máxima confianza. En reemplazo de Famá fue nombrado Fernando Monserrat, con el objetivo explícito de descomprimir el malestar interno y garantizar la continuidad operativa de la empresa, clave en momentos en que Atucha se prepara para una parada técnica programada.
Sin embargo, lejos de cerrar el frente, la decisión dejó al descubierto un directorio partido y una interna feroz. Según reconstrucciones internas, el vicepresidente Guido Lavalle impulsó el desplazamiento de los funcionarios cuestionados y fue acompañado por Axel Larreteguy y Diego Chaher, este último responsable además de avanzar con la privatización del 54% de NASA. Del otro lado, Reidel y el director Marco Campolonghi intentaron sostener a Famá y Pantuso. Al quedar en minoría, se retiraron de la reunión en un clima de máxima tensión. El escándalo tampoco fue un rayo en cielo sereno.

Antes de que el caso tomara estado público, la empresa Distribón SRL ya había recurrido a la Justicia Federal para impugnar otra licitación de limpieza de NASA por presunto direccionamiento. En su presentación, cuestionó requisitos arbitrarios -como dotaciones mínimas de personal desproporcionadas y certificaciones sin relación directa con el servicio- y plazos imposibles de cumplir. "Fue convocado con plazos ínfimos de 15 días para la presentación de ofertas, pese a tratarse de un servicio de complejas especificaciones técnicas", sostuvo la firma.
Las cartas de advertencia de Distribón al directorio, enviadas en octubre, pasaron casi inadvertidas en su momento. Hoy adquieren otra dimensión: para sectores internos de NASA, anticiparon un patrón que luego reapareció en la denuncia de Nolasco y en una decena de presentaciones anónimas acumuladas en el Comité de Integridad. Como si fuera poco, el desplazamiento de Pantuso derivó en un contraataque. El exgerente presentó un escrito en el que rechazó las acusaciones y apuntó directamente contra Nolasco, a quien acusó de haber convalidado en 2023 desvíos superiores al 300% en contrataciones similares.

La denuncia cruzada profundizó el escándalo y terminó de convertir el conflicto en una guerra abierta por el control de los procesos de compra. Pantuso, además, arrastra vínculos políticos incómodos para el discurso oficialista. Periodista de origen, trabajó con Daniel Scioli y es socio del hermano del actual secretario de Turismo, Nicolás Scioli. En ese marco, volvió a quedar bajo la lupa la empresa Limpiolux, perteneciente a la familia Peluso, que duplicó sus contratos con el Estado durante la era mileísta y cuya expresidenta enfrenta un juicio oral por presunto sobreprecio en la AFIP. Aunque desde el entorno de Pantuso niegan cualquier relación entre esos antecedentes y la licitación cuestionada, las sospechas persisten.

