Impacto sobre la soberanía
Después de semanas de negociaciones, borradores y resistencia de sectores aliados, el oficialismo llegó a la antesala de una nueva sesión en el Senado con una certeza: el proyecto original no tenía los votos suficientes. Por eso, el Gobierno de Javier Milei decidió dar marcha atrás en uno de los aspectos más cuestionados de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El nuevo dictamen ya no elimina todos los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, sino que establece un tope del 25% de la superficie nacional, provincial y departamental, diez puntos por encima del límite vigente del 15%.
La encargada de anunciar los cambios fue la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien reconoció abiertamente que la modificación fue consecuencia de las negociaciones con la denominada oposición dialoguista. "Por pedido de la oposición constructiva se puso un límite razonable", afirmó durante una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias. La senadora sostuvo que el nuevo porcentaje toma como referencia la legislación brasileña y defendió el cambio como una salida de consenso para destrabar una iniciativa que había quedado empantanada.
Sin embargo, el oficialismo mantuvo otros aspectos centrales del proyecto. Además de elevar el porcentaje permitido para la extranjerización de tierras, el nuevo dictamen elimina restricciones que hoy rigen sobre la distribución territorial de esas compras. "Sacamos el límite de municipalidad, de departamento y de provincia porque es ridículo", sostuvo Bullrich. También confirmó que desaparecerá el límite de 1.000 hectáreas transferibles en la denominada zona núcleo agrícola, una de las principales restricciones establecidas por la ley vigente sancionada en 2011.
Durante la conferencia, la exministra de Seguridad insistió en que el proyecto mantiene una barrera para los Estados extranjeros. "Vamos a dejar muy en claro qué límites pusimos que no estaban. Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en Argentina, punto", aseguró. En cambio, explicó que las empresas o asociaciones con participación estatal extranjera podrán adquirir tierras únicamente si cuentan con autorización conjunta del Poder Ejecutivo Nacional y de la provincia donde se encuentre el inmueble.
El nuevo texto también obliga a registrar todas las operaciones realizadas por personas físicas o jurídicas extranjeras, consignando la nacionalidad del comprador en los registros inmobiliarios provinciales. Pese a las modificaciones, el panorama parlamentario continúa siendo incierto. Al ser consultada sobre las posibilidades de aprobar el proyecto durante la sesión prevista para el jueves, Bullrich dejó al descubierto la fragilidad de la estrategia oficialista. "Se gana por un voto", respondió.
La frase refleja el delicado escenario que enfrenta La Libertad Avanza, que necesita no solo reunir los apoyos suficientes sino también sostener el quórum durante una sesión que la oposición promete seguir de cerca hasta el último minuto.Las estimaciones más optimistas del oficialismo hablan de entre 38 y 40 votos favorables, una cifra que todavía depende de negociaciones abiertas con bloques dialoguistas y algunos senadores que mantienen reparos sobre el alcance del proyecto.
Aunque la discusión pública se concentró en la posibilidad de ampliar la compra de tierras por parte de extranjeros, la iniciativa incorpora otros cambios de fuerte impacto. Entre ellos, modifica la ley de expropiaciones para establecer que la declaración de utilidad pública deberá tener una interpretación restrictiva, identificar de manera concreta el objetivo perseguido y demostrar que la expropiación resulta "idónea, necesaria y proporcional".
Además, acelera los procesos de desalojo por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, e introduce modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego para eliminar restricciones que impedían utilizar durante décadas los terrenos afectados por incendios. Las modificaciones fueron impulsadas después de que el proyecto comenzara a perder respaldo incluso entre sectores habitualmente cercanos al Gobierno.
En las últimas semanas crecieron las críticas por el posible avance de la extranjerización de tierras, especialmente desde provincias con fuerte actividad agropecuaria. Senadores dialoguistas comenzaron a expresar dudas, mientras dirigentes sociales y organizaciones civiles convocaron una nueva movilización frente al Congreso para rechazar la iniciativa. Incluso dentro del propio oficialismo aparecieron diferencias. La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia de la postura del presidente Javier Milei y manifestó públicamente su rechazo al proyecto, profundizando una nueva señal de tensión dentro del Gobierno.
La decisión de modificar el proyecto representa uno de los retrocesos legislativos más importantes del oficialismo desde que comenzó el debate. La propuesta original pretendía eliminar prácticamente todas las restricciones para la adquisición de tierras rurales por extranjeros bajo el argumento de fortalecer el derecho a la propiedad privada y atraer inversiones. Sin embargo, la falta de consenso político y el creciente rechazo social obligaron al Gobierno a ceder parcialmente para intentar evitar una derrota en el Senado. Ahora, con una votación que el propio oficialismo admite que podría definirse por apenas un voto, el futuro del proyecto dependerá de una negociación contrarreloj que pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para sostener una de las reformas más controvertidas de su agenda.
