03 Marzo de 2022 14:53
El Gobierno nacional logró cerrar con el Fondo Monetario Internacional (FM) un acuerdo que permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023. La deuda fue contraída por Mauricio Macri en 2018 y la cifra pedida por ese gobierno fue de 57.000 millones de dólares, que en su mayoría fueron fugados del país,
“El staff del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un staff-level agreement sobre las políticas económicas y financieras que serán respaldadas por un Extended Fund Facility Arrangement [EFF, o Acuerdo de Facilidades Extendidas] de 30 meses”, dijo el organismo de crédito que comanda la economista búlgara Kristalina Georgieva.
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El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.
“Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024”, define uno de los Memorándum.
En relación a las jubilaciones, el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional, por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609. Dicha fórmula permite que las prestaciones crezcan a partir de los incrementos de la recaudación nacional y de los salarios de la economía.
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El debate, según el cronograma acordado, arrancará este lunes a las 14 en la Comisión de Presupuesto con las presencias del jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Economía, Martín Guzmán y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos. También asistirá el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
Atendiendo la gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía, el Gobierno está comprometido en procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios. En el marco de sus objetivos de estrategia energética, está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso. Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales.
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El proyecto ingresará al Congreso de la Nación en los términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública -impulsada por el Gobierno Nacional- que establece que, entre otras, que todo programa realizado con el FMI requerirá de una Ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente
