Ajuste con frío
04 Julio de 2025 09:06
En medio de una severa crisis de abastecimiento de gas natural que afecta a amplias regiones del país y que se extenderá al menos hasta el viernes, el gobierno de Javier Milei profundizó su agenda de ajuste fiscal y desregulación energética con dos medidas clave que impactan directamente en millones de hogares argentinos: el aumento del recargo que financia el régimen de "zona fría" y la eliminación de los precios de referencia para las garrafas.
Por un lado, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aplicó un nuevo incremento en el recargo que abonan más de la mitad de los usuarios del país para sostener los subsidios que reciben los beneficiarios del régimen de tarifa diferencial en zonas con climas más rigurosos. Desde julio, ese recargo pasará del 6,2% al 6,4% sobre el componente del precio del gas (PIST), según la resolución 444/2025. Se trata del tercer aumento en lo que va del año y responde a la decisión del Ejecutivo de reducir los aportes del Tesoro Nacional al fondo fiduciario que financia el esquema, trasladando así el peso del beneficio a los usuarios residenciales de otras regiones.
Este régimen fue ampliado en 2021 para incluir a más de cuatro millones de hogares en todo el país, con rebajas de entre el 30% y el 50% en la factura, gracias a un acuerdo legislativo encabezado por Máximo Kirchner. Ahora, el Ministerio de Economía de Milei lo considera "excesivo" y lo señala como parte de un esquema "electoralista" que ya no resulta viable. Por eso, analiza revertir o rediseñar la ampliación del beneficio para concentrarlo únicamente en regiones con temperaturas realmente más bajas.
Además, el Gobierno detectó que 137.842 usuarios contaban con más de un medidor beneficiado con el 50% de descuento. Como respuesta, decidió reducir ese porcentaje al 30% para los medidores adicionales y mantener el 50% solo en el domicilio principal. La medida apunta a "corregir filtraciones" y a mejorar la eficiencia del gasto en subsidios, aunque sin contemplar situaciones familiares complejas, viviendas multifamiliares o zonas con cortes reiterados de servicio.
Por otra parte, el Ejecutivo avanzó con la eliminación de los precios máximos para las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), insumo crítico para más del 46% de los hogares argentinos, según el Censo 2022. El decreto 446/2025 suprime los valores de referencia que hasta ahora regían -$10.500 para la garrafa de 10 kilos, $12.600 para la de 12 kilos y $15.750 para la de 15 kilos-, con el argumento de que el mercado debe autorregularse mediante la libre competencia.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, celebró la medida como un paso para desmontar una "mala ley kirchnerista" y quitar trabas burocráticas, como la obligación de registrar fraccionadores y distribuidores. Sin embargo, desde la Secretaría de Energía reconocieron que los precios de referencia servían para combatir el comercio informal y asegurar el acceso a precios razonables, especialmente en regiones alejadas con baja densidad poblacional, donde las opciones son escasas y los costos logísticos altos.
La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) alertó que la ola polar está generando una demanda extraordinaria de garrafas, sobre todo en localidades rurales y del interior sin redes de gas. En ese contexto, advirtieron que el mercado ya opera al límite de su capacidad para garantizar el abastecimiento residencial e industrial.
Crisis energética: cortes, demoras y reclamos
Mientras tanto, miles de usuarios continúan lidiando con cortes o caídas en la presión del gas natural. En Mar del Plata, Camuzzi -la mayor distribuidora del país- anunció la restitución progresiva del suministro a más de 1.000 hogares afectados. Con 150 técnicos desplegados en la ciudad, la empresa activó un operativo de emergencia para reconectar las viviendas y evitar nuevos reclamos.
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, detalló que el problema se volvió evidente tras recibir llamados de vecinos, hospitales y comercios afectados. Convocó al Comité de Crisis municipal y advirtió que, aunque la situación comienza a normalizarse, la reconexión no es automática en las zonas que sufrieron cortes completos. En paralelo, continúa vigente la suspensión del expendio de Gas Natural Comprimido (GNC) en estaciones de servicio de diversas regiones, como medida preventiva para priorizar el consumo residencial.
Las decisiones del Gobierno se dan en el peor momento del año, con temperaturas extremas, una infraestructura energética exigida al máximo y un sistema de transporte de gas que aún no logra responder a la demanda. El mensaje oficial insiste en la "autosustentabilidad" y el recorte del gasto público, pero el costo de esa decisión se siente directamente en los hogares: subas encubiertas en las tarifas, desregulación de precios esenciales y una menor capacidad del Estado para garantizar derechos básicos como la calefacción en invierno. Mientras el frío acecha, el ajuste avanza sin red de contención. Y en una Argentina donde la mitad de la población depende de garrafas o subsidios para calentarse, las decisiones del Gobierno no son sólo técnicas: son profundamente políticas. Y sus consecuencias, profundamente humanas.
