24 Abril de 2023 18:30
Tres ex funcionarios, que estuvieron al frente del cargo en el mandato de Mauricio Macri como presidente, se vieron envueltos en un escándalo mediático tras ser denunciados penalmente por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten. Se trata de Hernán Lacunza, Alfonso Prat Gay y Guido Sandleris, quienes son acusados de delitos de usurpación de títulos y traición a la patria.
El suceso comenzó a partir de que el Gobierno advirtió que la oposición tiene en marcha un plan para boicotear las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y es por ello que el domingo, Sergio Chodos confesó que “tres economistas del gobierno anterior” le pidieron a funcionarios del FMI que no brinden asistencia a Argentina hasta que asuma una nueva gestión, sin mencionar con nombre y apellido de quienes se trataba.
Por lo tanto, Sánchez Kalbermatten realizó una denuncia penal contra los tres, en la cual comunicaba:
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"En mi carácter de ciudadano argentino y en los términos de los Artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, vengo en nombre propio a formular la presente denuncia criminal en orden a los hechos, que en principio podrían constituir los delitos de usurpación de títulos (Art. 246 del Código Penal), incurriendo además en los delitos de traición a la patria (Art. 222 del Código Penal)", escribió.
Y detalló: "La investigación deberá verificar la existencia de esas comunicaciones y en calidad de qué estas personas, que no son funcionarios públicos, se contactaron con miembros del FMI y solicitaron medidas que afectarían, no sólo la relación de la Argentina con dicho organismo sino además a la economía misma, instando una corrida".
El abogado, aseguró que el ex Ministro de Economía, Hernán Lacunza, su antecesor, Alfonso Prat Gay y el ex titular del Banco Central, Guido Sandleris "estarían usurpando la representación del Estado Argentino ante un organismo internacional sin tener la calidad de funcionarios públicos y, además, prometiendo serlo en un futuro. Esta conducta implicaría una usurpación de funciones públicas, prevista en el Artículo 248 del Código Penal, que establece una pena de prisión de seis meses a dos años".
