Enriquecimiento ilícito
La situación judicial que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya no parece limitarse a los tribunales ni a los cuestionamientos políticos. A medida que avanzan las investigaciones sobre su patrimonio, las consecuencias también impactan en su vida familiar y en la de su círculo más cercano. En los últimos días se conoció que Silvia Pais, madre del funcionario nacional, abandonó el departamento que ocupaba en el centro de La Plata para instalarse en el exclusivo country Fincas de Iraola II, en Berazategui.
La decisión fue impulsada por sus hijos, Manuel y Francisco Adorni, luego de que aparecieran carteles con mensajes agresivos a pocos metros de la vivienda de la mujer, de 70 años. la mudanza se produjo en un contexto particularmente delicado para el jefe de Gabinete, quien desde hace más de tres meses enfrenta una creciente presión política, mediática y judicial derivada de las denuncias sobre inconsistencias patrimoniales, propiedades no declaradas, movimientos financieros bajo sospecha y la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Según trascendió, los hermanos Adorni venían evaluando desde hacía tiempo la posibilidad de trasladar a su madre fuera de la capital bonaerense. Sin embargo, y de acuerdo a lo informado por Clarínl, a profundización del escándalo que rodea al funcionario habría acelerado una decisión que terminó concretándose hace apenas unos días. El destino elegido tampoco parece casual. La nueva residencia se encuentra a pocas cuadras de la vivienda de una hermana de Silvia Pais, Susana Pais, quien mantiene vínculos laborales con la Cámara de Diputados bonaerense. La cercanía familiar aparece como uno de los factores que habrían influido en la elección del lugar.
La situación guarda relación con los argumentos que el propio Adorni viene utilizando para justificar diversos movimientos patrimoniales y cambios de residencia. La semana pasada, durante una entrevista televisiva, explicó que había abandonado el departamento donde vivía en la avenida Asamblea debido a episodios de hostilidad. "Había vecinos con mucha hostilidad, me tiraban cosas a la terraza, me agredían en los pasillos. En un punto era insoportable", afirmó. El funcionario también vinculó razones de seguridad a la construcción y remodelación de su casa de fin de semana en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.
En esa misma entrevista sostuvo que buscaba recuperar cierta normalidad junto a sus hijos. "Cuando empiezo a ir a Indio Cua, vi que mi vida con los nenes, ir al cine o a la plaza, se había terminado. No podía permitir que me agredan delante de mis hijos", explicó. Y agregó que el barrio cerrado le permite "dar una vuelta manzana sin tener miedo que algún inadaptado me pueda agredir".
Sin embargo, la polémica residencia de Indio Cuá se encuentra precisamente en el centro de una de las líneas de investigación que más complican al jefe de Gabinete. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó recientemente a Matías Tabar, el contratista encargado de las reformas en esa propiedad, para que aporte documentación sobre sus ingresos, su actividad económica y los movimientos vinculados a la obra ejecutada entre 2024 y 2025.
La medida fue adoptada luego de que el arquitecto declarara ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y confirmara que los trabajos demandaron una inversión de 245.000 dólares, pagados en efectivo y sin emisión de facturas. De acuerdo con su testimonio, las remodelaciones se extendieron durante aproximadamente diez meses e incluyeron trabajos en pisos, cocina, baños, quincho y pileta. También aseguró que el monto fue abonado en dos etapas: 55.000 dólares durante 2024 y otros 190.000 dólares en 2025.
El relato del contratista se transformó en una de las piezas más sensibles de la investigación judicial, ya que no sólo confirmó el volumen de la inversión realizada sino también la modalidad de pago utilizada. A ello se suma otro dato que llamó la atención de los investigadores: durante la ejecución de las obras, Adorni habría alquilado una segunda vivienda dentro del mismo country por un monto cercano a los 13.000 dólares.
La causa también se expandió hacia el entorno familiar del funcionario. En las últimas horas se conoció que el fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de Francisco Adorni, diputado provincial bonaerense y hermano del jefe de Gabinete. La investigación busca determinar si el legislador omitió información relevante en sus declaraciones juradas y si existen inconsistencias entre sus ingresos declarados, la cancelación acelerada de un importante crédito hipotecario, la adquisición de una camioneta de alta gama y determinados movimientos patrimoniales bajo análisis.
Los investigadores también observan contradicciones entre los montos informados por Francisco Adorni en concepto de herencias y los datos consignados por Manuel Adorni en su propia documentación patrimonial. La situación resulta especialmente delicada porque, según entienden los organismos de control, el diputado provincial no puede alegar desconocimiento de los procedimientos administrativos y legales debido a la experiencia acumulada durante su paso por el Consejo de la Magistratura bonaerense. Mientras tanto, el jefe de Gabinete intenta instalar una narrativa centrada en los costos personales y familiares derivados de la exposición pública.
